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Editorial & Opinion

¡Líbranos Señor!

Benjamín Cuéllar / Colaborador

Jueves 11, Mayo 2017 - 12:00 am

Acá la gente debería haber perdido su capacidad de asombro, pero hay incoherencias y coherencias que lo impiden. Quienes celebraron el magnicidio del beato Romero y glorifican a su responsable, se rasgan las vestiduras por las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Quienes condenan al “imperialismo yanqui”, hoy imploran cariño aunque sea por piedad ‒cantaba Cuco Sánchez‒ y le extienden la mano a esa “abominable” superpotencia buscando “fondos condicionados”. Quienes reivindican “derrotar a la clase opresora”, le suplican que invierta en el país. Quienes satanizaban la “dolarización”, hoy la bendicen…

Hay otros ejemplos puntuales y peligrosos, que pueden volver aún más infernal el entorno donde habitan las mayorías populares. Jaime Martínez, director de la Academia Nacional de Seguridad Pública desde la administración de Mauricio Funes a la fecha, es uno. Antes fue funcionario destacado en una entidad social comprometida con el respeto del Estado de Derecho y férreo opositor de la Ley de amnistía hasta que durante la campaña proselitista de Funes apoyó al candidato en su decisión de no “complicarse” con dicha aberración normativa. Eso, sin importar el dolor de las víctimas que buscaban verdad, justicia y reparación integral.

Hoy apareció con otra “gracia”. Hace unos días, en un acto oficial, dijo a un grupo de policías que finalizaba un curso especializado: “que no les tiemble la mano” cuando “se irrespete la legitimidad del Estado”. “Allí ‒continuó– no hay manera de estar pensando en que si hay derechos humanos de por medio, que si hay (…) la crítica de la prensa o de los organismos internacionales”.

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Seguidamente, intentó matizar lo dicho; pero el mensaje quedó flotando en el aire enrarecido de un país donde agentes policiales, cinco lustros después de la guerra, son señalados por hacer uso desproporcionado de la fuerza y producir víctimas fatales. Son ya varios los casos de falsos enfrentamientos.

Años atrás, en el 2005, el mismo Martínez sostenía que la corporación encargada de la seguridad pública tenía “el poder suficiente para contribuir a la democratización de la sociedad salvadoreña o, por el contrario, para convertirse en una amenaza del desarrollo democrático en El Salvador”. Y advertía que para que no ocurriera lo segundo, era necesario “un equilibrio adecuado entre la eficacia policial y el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El control sobre la policía es una condición determinante de dicho equilibrio”.


Y llamaba a desarrollar una campaña de publicidad oficial informando a la ciudadanía sobre su derecho a “denunciar las conductas reprochables de los miembros de la PNC, sea ante organismos de control externo o ante los órganos de control de la misma policía”. ¿También internacionales?

Pero ahora, 12 años después, Martínez se suma al discurso y la práctica‒beligerante y bastante riesgosa de personajes como por ejemplo Guillermo Gallegos, quien siendo presidente de la Asamblea Legislativa financió a una comunidad en el departamento de La Paz para comprar armas. La discusión de “altura” en los terrenos de la ineptitud política y gubernamental se centra en establecer si son grupos de autodefensa o de exterminio, distinguiendo entre las “bondades” de unos y las “maldades” de otros.

Estos son el equivalente actual de los “cuerpos paramilitares” y los “escuadrones de la muerte” de antaño, respectivamente. Los primeros, según las “fuentes directas” de la Comisión de la Verdad, fueron responsables del 31 % de los episodios registrados; los segundos, del 11. De las “fuentes indirectas”, se tiene que la responsabilidad de los “paramilitares” fue del 15 y de los “escuadrones” del 8. Ambos violaron derechos humanos.

Que no extrañe, entonces, enterarse de que un miembro de la entidad policial acaba de matar a balazos a un amigo en el municipio de Oratorio de Concepción,‒departamento de Cuscatlán, por una nimiedad en el tránsito terrestre. Tampoco descubrir, en las redes sociales, escenas como las de un agente golpeando una y otra vez a una mujer que quiso interceder por un joven a quien varios policías –incluido el salvaje agresor– mantenían arrodillado en una calle y humillado en su dignidad.

¿Adónde quieren llevar al país? ¿Al descalabro total? ¿Están reconociendo que el salvadoreño, a 25 años de la última guerra, ya es un Estado fracasado y que no queda otra alternativa más que repetir las torpezas del pasado? ¿Ya no importa el respeto de los derechos humanos a quienes antes se golpeaban el pecho, cuestionando el llamado “manodurismo” del partido ARENA?

Vamos mal… Elevemos, pues, nuestras plegarias pidiendo al unísono: de la incoherencia de Jaime Martínez y la coherencia de Guillermo Gallegos, ¡líbranos Señor!




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