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Sobre el tema de pensiones, más allá de las razones técnicas o económicas que podría tener para rechazar la reforma y por las cuales estoy seguro que será un fracaso, debo exponer con más detenimiento una razón para oponerme a la idea y es la ilegalidad que se cometerá bajo la excusa de querer reparar un problema.

Resulta que el gobierno quiere hacer ver a la gente que el dinero de las pensiones es un dinero de uso público, que antes fue público y que ahora por lo tanto es válido que por decreto sea trasladado nuevamente a la administración púbica, pero contra esto el argumento es sencillo: El fondo de pensiones no es, ni ha sido, ni puede ser público, porque es ahorro directamente descontado del salario de los trabajadores y complementado por un aporte patronal, y todo va de forma directa a una cuenta individual. Pero ¿de dónde sale la idea que un día en 1998 se privatizaron las pensiones? La verdad es que nunca se privatizaron las pensiones, se privatizó la administración del fondo, que no es lo mismo, el fondo siempre ha sido privado porque es dinero que tiene un dueño, un propietario, ese dinero no tiene las condiciones de público como sí lo tienen los impuestos que el ciudadano paga al Estado, los que éste administra para el bien común, ese dinero tiene más amplias condiciones para ser usado por el gobierno ya que se entrega precisamente bajo la visión de solidaridad y de ayuda a otros menos beneficiados económicamente hablando; por medio de los impuestos se mantienen la seguridad pública, la salud, la educación y los subsidios al gas, a la energía, al transporte, etc.. Incluso ya hay una parte que el GOES ha utilizado para pagar una pensión mínima universal de $50 a personas adultas mayores.

El dinero privado de las pensiones, está guardado en cuentas individuales que han generado derechos que se sustentan en un acuerdo contractual entre el afiliado y la AFP, ese contrato tiene implicaciones legales; por ejemplo: el concepto de propiedad privada y el derecho a herencia, ese contrato también rige las obligaciones de la AFP para con el depositante, la aplicación de utilidades, la rentabilidad, etc.. no es cualquier cosa, es una condición de derecho constitucional importante, por lo que el gobierno no puede simplemente decir por medio de un decreto legislativo que lo que es nuestro y resguardado legalmente en nuestras cuentas individuales puede partirse y pasar a formar parte de otra instancia jurídica diferente, sin mi consentimiento. Eso equivaldría a decir que por decreto un gobierno podría decirle a la gente, que la mitad o una parte del dinero que tiene en sus cuentas de banco la va a tomar para convertirla en depósitos del Banco Bandesal, simplemente porque necesita recursos para inversión.

El peligro de permitir esta reforma de pensiones no solo está en que podemos perder dinero de nuestros ahorros y no tener pensión en el futuro, sino que estaríamos frente a una confiscación de dinero, muy comparable solo a la reforma agraria, con la pequeña gran diferencia que la Constitución de la República no permite la confiscación bajo ninguna posibilidad y sería por ello el robo del siglo, al hacerse traslados de fondos por obligación, violando la Constitución, cambiando el régimen de propiedad privada, creando una nueva figura donde el estado puede tomar lo privado de los ciudadanos y donde la garantía de resultados estuviese puesta en las promesas de políticos a futuro.

No cabe la menor duda que el problema más grande de la reforma no son las cifras, ni las tasas, ni la rentabilidad, ni las comisiones, sino el derecho a la propiedad, que podría vulnerarse de tal manera que lo privado pasaría a ser público y lo público a dominar lo privado, para extinguir el primer gran derecho ciudadano que es recibir un salario justo y que quien lo reciba pueda libremente usarlo para lo que considere, pasando a convertirse en esclavo del Estado al que ya le paga 20 impuestos y ahora con sus ahorros pagará deudas hechas por otros.

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