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Política

Los 3 límites que puso la Sala de lo Constitucional a la información pública

Yolanda Magaña

viernes 27, octubre 2017 - 8:00 am

 

La Sala de lo Constitucional emitió un pronunciamiento en la cual dio por incumplida su sentencia en la que había ordenado a la Presidencia de la República divulgar costos de viajes de Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, su entonces esposa Vanda Pignato, y gastos protocolarios de visitas extranjeras.

Pero, al resolver esto en un escrito de 16 páginas publicadas el 23 de octubre, la Sala puso límites a la información pública. Antes de resolver, la Sala observó que era necesario hacer “apuntes” sobre cuando la información pública se vuelve un derecho fundamental.

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En la página 3, aclara que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) avala el derecho a la información cuando se busca con el fin de revisar “la manera en que se gestiona la cosa pública, la idoneidad ética y técnica de las personas”, pero aclara que no se puede ser pública “cualquier información relativa a los ciudadanos que ejercen funciones” públicas.

Es en este momento, ya en la página 4, menciona los tres límites de la información pública que ahora son criticados por movimientos como el Grupo Promotor de la LAIP y el propio Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Estos son:

  1. Información sobre aspectos superfluos relacionados con la actividad de un funcionario o de una institución particular y que no denotan razonablemente un interés público. Ejemplo: uso de muebles, equipo, papelería de cada funcionario o unidad. Argumento: el interés fiscalizador del derecho a la información pública “debe caracterizarse por su seriedad y genuino propósito de conocer el manejo de la cosa pública”.
  2. Información cuya recopilación denote interés intencional de obstaculizar el trabajo de la institución pública. La resolución dice que “toda solicitud que comporte una alteración significativa en la agenda esencial de una institución pública o implique un importante desvío de recursos… no deberá ser atendida por la institución receptora de la solicitud”. Ejemplo: el magistrado Sidney Blanco ejemplificó que un ciudadano pidió el detalle de todos los delitos de violencia intrafamiliar en diferentes juzgados y señaló que esa información está dispersa. Argumento: la Sala dice en su resolución que el artículo 10 de la LAIP no obliga a las entidades a presentar la información en un orden específico, sistematizada o procesada.
  3. Generación de información pasada. Finalmente la Sala dice que “tampoco es obligación de las instituciones públicas generar información sobre hechos que no tuvieron lugar en presencia de sus actuales titulares y que debieron quedar asentados en acta o cualquier otro soporte documental”. Ejemplo: el magistrado Blanco puso como ejemplo la solicitud de un acta de la comisión de jueces que se debió haber levantado hace cinco años, pero no se hizo. Argumento: la Sala señala que hay “imposibilidad material de crear bases de datos o informes sobre hechos de cuya ocurrencia no puede darse fe materialmente” y que el funcionario que lo haga podría “enfrentar consecuencias penales”.



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