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OPINIONLos últimos fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia han  conmocionado a la clase política y han generado incertidumbre en muchos ciudadanos sin tener pleno conocimiento de los alcances de los mismos. Para unos están bien y para otros mal, dependiendo de su conocimiento o de qué tanto han sido manipulados.

La Sala resolvió la semana pasada declarar no procedente el préstamo de 900 millones de dólares por parte del gobierno debido a que la Asamblea Legislativa aprobó dicho préstamo cometiendo fraude al sustituir a una diputada propietaria por un diputado suplente sin que existiera una causa o justificación legal. El fallo fue más allá e inhabilitó a los diputados suplentes para que puedan hacer quórum  o emitir voto en plenaria, pues ellos no tienen la representación popular al no haber recibido un tan solo voto, pues se ganaron el puesto en una especie de “combo”, ya que el ciudadano votaba por el candidato a diputado titular y automáticamente ese voto iba dirigido al aspirante a suplente.

La resolución hay que verla como una oportunidad de legitimar la democracia. En las próximas elecciones parlamentarias los aspirantes a diputados suplentes deben ser votados por la ciudadanía, de tal manera que no lleguen al cargo adheridos a otro candidato. Recordemos que la historia reciente nos ha demostrado que muchos diputados suplentes han estado ligados a actividades delictivas, incluso hay algunos enjuiciados. En algunos casos los diputados suplentes han sido ocupados para votar por polémicos acuerdos, reformas y leyes para “no quemar” al diputado titular, causando agravios en la población.

Los diputados suplentes pueden sustituir a un titular cuando éste fallece, demuestra enfermedad o incapacidad o justifica adecuadamente su suplencia. Esta normativa ha quedado olvidada y los suplentes, en muchos casos, se han convertido en votos emergentes (cuestionados) por la ciudadanía.

Lo bueno de esta resolución es que los diputados titulares quedan obligados a estar presentes en las plenarias para no perder la aritmética política, de lo contrario corren el riesgo de que se aprueben decretos que vayan en contra de sus intereses políticos. Al menos esto en teoría reduciría los viajes innecesarios y con ello los gastos superfluos. Hay partidos con pocos diputados, pero con representación en todas las comisiones, porque simplemente se aprovechan de tener suplentes para que formen parte de tales comisiones, lo cual no es acorde a la decisión ciudadana. Un ejemplo concreto pasa con el PDC, partido que solo tiene un diputado, pero que en la práctica tiene dos, pues el suplente pertenece a varias comisiones. Este partido, al haber obtenido un solo diputado, tiene que estar menos representado que otros partidos con más diputados.

La Sala, apegada estrictamente a la Constitución,  también resolvió declarar inconstitucional la Ley de Amnistía acordada en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz. Me parece que el fallo es preciso al señalar que los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero no manda a la ciudadanía a reabrir las “heridas del conflicto” o a comenzar a abrir procesos judiciales a diestra y siniestra, pues serían muchos los imputados y eso generaría rencor y haría florecer el odio entre salvadoreños que hemos aprendido a convivir. Aquí nadie puede lanzar la primera piedra, porque la mayoría de los que tuvieron participación en el conflicto, cometieron crímenes de lesa humanidad. Más bien el fallo de la Sala debe verse como una oportunidad para conocer la verdad, pedir perdón y perdonar (olvidar es opcional). Confiamos en que los salvadoreños sabremos perdonar.

En cuanto al fallo de la Sala que suspende el cobro adicional del 13 % al servicio de energía eléctrica, quedó claro que más que una contribución era un impuesto y que no se siguieron los canales legales, pues su aprobación debió ser tras un debate en la Asamblea y no una decisión del ejecutivo. El gobierno puede proponer y los diputados aprobar, previo debate y análisis.

Los últimos fallos deben verse como una oportunidad de legitimar la democracia, de reconciliarnos entre salvadoreños con problemas comunes (delincuencia, crisis económica, etc.) y de tomar decisiones transparentes. Yo no veo intención desestabilizadora.

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