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roberto-burgosUno de los ciudadanos que pidió las auditorías patrimoniales de los expresidentes, Roberto Burgos, explica su objetivo: intentar hacer un mejor país. Cree, si el reparto político de la Corte de Cuentas de la República (CCR) es cierto, los partidos políticos han asumido el costo de hacer una elección incorrecta. Insta a respaldar al fiscal general y advierte que este momento impetuoso contra la corrupción no debe ser desaprovechado. De lo contrario, advierte más violencia e impunidad.

 

¿Está respondiendo la Corte de Cuentas a los nuevos tiempos y por qué?

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Los casos que estamos viendo actualmente, que involucran a expresidentes de la República, dejan en evidencia una de las grandes fallas que ha tenido el sistema de control en El Salvador al uso de fondos del Estado. No ha sido muy lejano cuando pudimos ver la fotografía, al expresidente (Antonio) Saca, procesado por presunto enriquecimiento ilícito, recibiendo un finiquito del entonces magistrado Hernán Contreras, que presidía la Corte de Cuentas, en la cual se acreditaba supuestamente buena administración de fondos del Estado que estaban a su cargo. Lo mismo ocurrió con el expresidente Mauricio Funes y el finiquito que le otorgó de forma muy rápida el expresidente de la Corte de Cuentas Rosalío Tóchez. La Corte de Cuentas, igual que otras instituciones, ha tenido un papel de simple espectadora y, cuando no, de cómplice en cuanto avalar gestiones que ahora, gracias al protagonismo ciudadano, correlaciones distintas en instituciones como la Corte Suprema de Justicia y Probidad efectiva, un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que ha permitido conocer más detalles.

 

¿La CCR ha sido más cómplice que inepta?

Sí, ha sido complicidad. Esos finiquitos exprés como se les dio en llamar han sido un aval para la corrupción en El Salvador, porque no solo omitieron señalar responsabilidades para funcionarios que tuvieron a su cargo la administración de fondos del Estado, sino que además contribuyeron a encubrir eventuales responsabilidades de funcionarios de tan alto nivel como presidentes de la República.

 

¿Cree que ese problema de la Corte de Cuentas tiene relación con el control partidario que ha existido sobre la institución?

Por supuesto. En primer lugar, no podemos señalar que haya ineficiencia en la Corte de Cuentas, hay auditores muy profesionales y muy buenos, pero el reparto de las instituciones como parte del botín partidario es lo que en este país impide que el diseño constitucional que tiene la administración pública, que no es más que un sistema de pesos y contrapesos, no va a funcionar mientras las instituciones estén sujetas al reparto institucional. Ese reparto institucional, en el cual la Corte de Cuentas es parte del botín, así como lo ha sido la Fiscalía, como lo fueron en su momento las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, particularmente la presidencia, que es la que al fin de cuentas controla la Sección de Probidad, ha impedido que se cumplan atribuciones asignadas, también es lo que ha mantenido el sistema de impunidad en El Salvador, entendida como falta de investigación, procesamiento y sanción de malos funcionarios que abusan de cargos conferidos. No es que no haya competencia en la Corte de Cuentas y en otras instituciones. Competencia la hay, pero el reparto institucional a la cual están sometidos los titulares es lo que tiene este sistema de impunidad sobre el sistema de pesos y contrapesos.

 

La Corte de Cuentas no se ha contagiado de la lucha anticorrupción. ¿Por qué?

No ha sido así desde hace mucho tiempo. El diseño institucional de la Corte de Cuentas impide muchas veces que ésta sea efectiva acompañando a la gestión pública de un control en tiempo real de la forma en la cual se están invirtiendo los recursos del Estado. Para cuando la CCR viene a recibir mucha de la información relacionada con la ejecución presupuestaria, abusos, robos, desviación de fondos ya se cometieron. No cuenta con mecanismos de alerta efectivos para prevenir la corrupción. Eso produce daños a la sociedad. No puede ser una institución dedicada a entregar finiquitos o a dar el aval para actos que son arbitrarios. Ejemplos, como el presidente de la Corte de Cuentas, el licenciado (Gregorio) Sánchez Trejo, cuando se investigó la práctica de hacer donaciones al final de año de la Asamblea Legislativa, la primera reacción del presidente de la Asamblea era mostrar el oficio de la Corte de Cuentas del señor Sánchez Trejo avalando esa clase de donaciones.

 

Se dice (lo ha denunciado el PDC) que GANA pondrá al presidente de la Corte de Cuentas, y que ARENA y el FMLN pondrán a los otros dos magistrados.

Vamos a seguir en el mismo estado de cosas.

 

¿No será costo político para los partidos?

Supongo que en el cálculo de los partidos políticos, si esto es cierto, son más altos los beneficios que los costos. Si los partidos van a continuar con este reparto de magistraturas de la Corte de Cuentas, lo que nos está demostrando a los ciudadanos es el alto nivel de complicidad de todos los partidos involucrados. Por eso los ciudadanos tenemos que oponernos a estas negociaciones secretas sobre asuntos públicos que nos va a afectar a todos los contribuyentes. Si se sigue con este reparto, se ha hecho cálculo de costos y beneficios en el cual los costos de seguir gestionando con impunidad recursos públicos es mayor que la crítica ciudadana que pueda haber o la intención del voto. Hay otro riesgo: la imagen internacional como país, no solo es una afectación a la marca país, (sino) a las posibilidades de cooperación.

 

¿Tenemos una Cicies en El Salvador?

En la práctica, sí. Se han creado algunas unidades especializadas, no ha sido un secreto que en la Fiscalía General se ha creado una unidad especial que está intentando erradicar la impunidad y la corrupción, estamos viendo algunos resultados. Tenemos a un fiscal general que con bastante transparencia está dando información a la prensa y a la ciudadanía, por supuesto, estos casos hay que ganarlos en los tribunales. Es el papel que habría tenido una Cicies y que ahora está desempeñado el fiscal general, con el fiscal adjunto y las unidades especializadas. Está poniendo en evidencias la limitantes que existen para erradicar la impunidad y el crimen organizado en El Salvador.

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El Fiscal habló de presiones y pide apoyo ciudadano. ¿Qué tan clave es y qué significa?

El apoyo ciudadano no solo implica poder hacer expresiones públicas como las que hacemos las organizaciones no gubernamentales, particularmente aquellas que participamos en el Grupo Promotor o en el Consorcio por la Transparencia, sino la colaboración ciudadana en cuanto a facilitar la información sobre los ilícitos que se cometen en instituciones del Estado o incluso en el sector privado. Recordemos que se investiga para detener al presunto responsable, no se detiene para investigar. Ahí es un primer cambio que está dando este Fiscal. Se le suma un componente novedoso y es el respaldo diplomático: no habíamos tenido un fiscal general de la República que tuviera el apoyo de un grupo de embajadores de tanto prestigio, con tanto poder político y que están dando un mensaje claro que ojalá todas las autoridades lo entendieran.

 

¿Cuál es su sentimiento personal ante los acontecimientos que su lucha por la transparencia provocó?

El deber de cada ciudadano es hacer todo lo que esté en sus posibilidades para hacer de este un mejor país. No es un asunto ni de protagonismo ni conspiración contra un representante de un partido que pueda o no simpatizarnos, lo más importante ha sido abrir brecha. Cuando con la abogada Xenia Hernández presentábamos las primeras solicitudes, queríamos garantizar que los funcionarios recordaran que tienen que darnos explicaciones a sus mandantes. Abrimos brecha.

 

¿El reto para los partidos políticos?

Los partidos y la clase política la gran oportunidad de pensar primero en el bien común. La poca confianza en los partidos está reflejado en cálculos como el barómetro global sobre corrupción, aparecen como los menos creíbles, es una tendencia en ocho países de América Latina. Si los partidos no están altura de transparencia y de decencia, lo que vamos a hacer los ciudadanos es optar por candidatos independientes y evadir el tema de participar en los eventos electorales. Tienen la oportunidad los partidos de pensar por primera vez en el bien común y que están en los cargos de manera limitada.

 

¿Creen que las nuevas generaciones en los partidos lo están entendiendo?

Creo que hay personas en las nuevas generaciones de los partidos que lo entienden, que no se les ha dado espacio para hacerlo es una realidad también, y creo que la diferencia la hacemos las personas individualmente consideradas. Si los nuevos líderes, su mérito no puede ser solo que sean más jóvenes, tienen que tomarse los espacios, tienen que asumir con libertad y responsabilidad los espacios que le permitan mostrar que podemos tener políticos con un nuevo corte. Si se desaprovecha esta oportunidad, en que tenemos a la comunidad internacional poniendo sus ojos otra vez sobre nuestro país, sobre las potencialidades que tiene, nos vamos a hundir en un panorama de inseguridad, de más violencia y de impunidad, y eso no le conviene ni a las actuales ni a las futuras generaciones.

 

 

En dos preguntas

 

¿Procedió bien la Policía y Fiscalía en las capturas de los expresidentes Flores y Saca, y su valoración sobre lo ocurrido con Funes?

…En el caso de los expresidentes son personas que por la investidura que tuvieron cuentan con protección policial, la mayoría tienen domicilios en residenciales privados o instalaciones de muy difícil acceso, y están sujetas a un escrutinio público mayor… Nos encontramos con detenciones que no son fáciles y se espera de la corporación el más alto nivel de éxito. No podemos enfrentar otra situación como la del expresidente Mauricio Funes. La captura del expresidente Saca en un ambiente social familiar era la única alternativa frente a la posibilidad de enfrentarse a tiros con un equipo de seguridad en un inmueble de tamaño tan grande. Se hizo respetando todas las normas de derechos humanos. Están detenidos en instalaciones por las que ya han pasado el expresidente Flores, no son las mejores pero tampoco son el común.

 

¿Qué otras instituciones del Estado están en deuda?

El Tribunal de Ética Gubernamental se ha mantenido como una institución decorativa, ha intentado ponerse al día haciendo señalamientos contra el exfiscal, que los vino a hacer tarde, era inminente que el exfiscal Luis Martínez iba a ser sometido a un proceso penal. La Asamblea ha tenido una responsabilidad muy grande en este estado de cosas, ha legislado de manera lenta e imperfecta sobre los temas de corrupción o crimen organizado. Demuestra que queda mucho que desear en cuanto a su compromiso en el combate a la corrupción y el crimen organizado, cuando no es el crimen organizado el que ha permeado la misma Asamblea Legislativa. Quisiera referirme a la necesidad de colaboración de instituciones del Estado. Falta mucha colaboración de instituciones como el Viceministerio de Transporte, el Centro Nacional de Registros (CNR), la Presidencia de la República y la Dirección de Migración, estas  instituciones siguen caracterizándose por el secretismo.

 

 

Perfil

Director ejecutivo DTJ

Es actual director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), excoordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) hasta enero de 2016. Abogado graduado en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) con estudios en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa  en Washington D.C. sobre seguridad, defensa y antiterrrorismo, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Asesoró en la Asamblea al exdiputado y ahora titular del MOP, Gerson Martínez.

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