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Editorial & Opinion

Los indicios (y su lógica) en las prácticas anticompetitivas

Aldo Cáder / Intendente de Investigaciones Superintendencia de Competencia

jueves 29, junio 2017 - 12:00 am

Ante la falta de comprensión, con o sin mala intención, es necesario precisar con claridad algunos aspectos relacionados con el rol de los indicios en un procedimiento de investigación por prácticas anticompetitivas seguido en la Superintendencia de Competencia (SC), pues hay voces que señalan que esta institución sanciona prácticas anticompetitivas sin pruebas, solo con indicios.

Los indicios se constituyen en elementos que –preliminarmente- reflejarían, al menos en un grado de probabilidad, la existencia de infracciones a la Ley de Competencia (LC), es decir, permiten inferir el cometimiento de prácticas contrarias a la sana competencia. Los indicios pueden ser obtenidos por cualquier medio, por ejemplo, en algunas ocasiones son planteados por consumidores, agentes económicos, instituciones públicas, etc., pero también la SC puede recabarlos a través de pesquisas internas (actuaciones preliminares o “previas”, como las denomina la citada ley).

En ese entendido, una vez obtenidos los indicios de una práctica anticompetitiva corresponde iniciar la investigación -procedimiento administrativo sancionador-; luego, en su desarrollo, se genera la oportunidad de transformar dichos indicios en prueba de la existencia de la práctica objeto de la investigación. Para ello, debe hacerse uso de los medios de prueba que comúnmente se utilizan en el Derecho de Competencia (testigos, declaraciones, documentos, peritajes, etc.), respetando para su producción las reglas del debido proceso.

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Es decir, las investigaciones inician con una hipótesis (la existencia de la práctica anticompetitiva); hipótesis sustentada por los indicios recabados, pero éstos pueden adquirir la característica de certeza toda vez que sean introducidos y comprobados en el desarrollo de tales investigaciones. Es decir, es el caso de un elemento que al inicio sirvió de indicio, pero que luego se volvió elemento probatorio al acreditarse fehacientemente su existencia en la investigación, de conformidad a la regla de valoración de la prueba establecida por la LC, la sana crítica (sistema de valoración libre, pero con alto grado de motivación, de explicación de las razones por las cuales un determinado medio de prueba ha generado convencimiento en la autoridad de la existencia de un hecho).

En otras palabras, los indicios son aquellos indicadores que, en grado de probabilidad, manifiestan al inicio posibles infracciones a la LC, y que pueden adquirir un grado de prueba en el desarrollo del procedimiento administrativo que se realiza. También puede suceder lo contrario: que a partir de los argumentos defensivos de los investigados o de los elementos que arrojan los medios probatorios que presentan, se concluye que los indicios no adquieren grado de prueba.


Ahora bien, en relación con todo este tema es importante aclarar dos cosas:

  • En primer lugar, que no es necesario que todos los medios de prueba generados en las investigaciones estén asociados a los indicios; puede haber elementos que se introducen como prueba de la existencia o inexistencia de la conducta investigada, que van más allá de las inferencias iniciales. Esto es normal y lógico, pues -como se dijo- el caso se inicia sobre una hipótesis basada en indicios, la cual se confirma o se desecha no solo con la prueba que se genere sobre dichos indicios, sino también sobre cualquier otro aspecto relacionado con la conducta comercial investigada.
  • Y, en segundo lugar, que en muchas ocasiones la certeza de la existencia de una práctica anticompetitiva viene dada por la sumatoria de varios elementos probatorios, y no necesariamente por una única prueba (prueba “madre”). En efecto, hay casos en los cuales las pruebas consideradas aisladamente no podrían ser capaces de demostrar la conducta investigada; sin embargo, la convicción se logra sumando bajo la sana crítica todas las pruebas aportadas que, consideradas en conjunto, y excluyendo otras explicaciones razonables, llevan a la autoridad a declarar la existencia del ilícito.

En conclusión, solo si a partir de la sana crítica existen suficientes elementos probatorios (directos, indirectos, económicos, jurídicos, etc.) que indiquen que hay una práctica anticompetitiva de las señaladas en la LC, la SC procede a imponer las sanciones correspondientes, desvirtuándose así la idea de que dicha institución sanciona casos sobre la base de indicios, pues éstos -se insiste- solo sirven para el inicio de la investigación, nunca como prueba del ilícito.




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