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Francisco-Bertrand-GalindoSu respuesta, al consultarle sobre la posibilidad de crear una comisión internacional que combata la corrupción y la impunidad en El Salvador, no es afirmativa. El exministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, cree que la figura del Fiscal General de la República sí debe tener un apoyo “a ese nivel”, es decir, internacional, porque es un cargo clave pero solitario y por eso merece protección a ese nivel. Citando a otro exfuncionario de renombre, sostiene que, cuando hay crisis de inseguridad es porque la crisis está dentro  y no duda en decir que es necesario investigar qué tan infiltrada está la Fiscalía. Y, detrás de todo esto, critica a los partidos políticos y a las personas que ya son políticos, advirtiéndoles que no van al paso de los tiempos.

 

¿Considera que las medidas de seguridad está provocando un efecto inmediato en la disminución de violencia?

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A nivel de disminución de cifras delincuenciales todavía no se puede afirmar, pareciera que han disminuido los asesinatos y que hay un mejor control en algunas zonas territoriales pero no sé todavía cómo van las extorsiones, si lo que se ha hecho en los centros penales ha logrado realmente disminuirlas, eso sería la clave de todo el proceso. A nivel conceptual, diría que el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer con la planeación estratégica correcta con la capacidad de sostener esa política dos años, que es lo mínimo que requiere para obtener buenos resultados.

 

¿Son suficientes las medidas?

Hay dos componentes, uno que quizás no ha comenzado y otro que han venido haciendo una labor de enfrentamiento de cuerpos de seguridad con pandilleros y eso arranca desde la marcha blanca, donde comienza el cambio del accionar de la Policía. Luego, viene una fase nueva, más focalizada… En una entrevista que dio el ahora ministro, hablaba que ellos habían centrado las bases en la zona de Usulután y la zona que va paralela a la costa (…) días después lo eligen como ministro y es ahí cuando arranca la siguiente fase de “reacción inmediata”. Luego está la siguiente fase, separar a los reos, cortarles las comunicaciones y profundizar en los batallones de reacción inmediata. Le agregan al menos comunicacionalmente la zona de intervención territorial, en la que estamos ahora y digo ahora porque desde que se dio la inauguración no he visto que se hagan ejercicios de mantenimiento territorial. A esa fase final le falta otra de “solidarización terrirorial” para que los gobiernos locales tengan control de su propio  territorio, agregar oportunidades.

 

¿Cuál sería la consecuencia de tener grupos de exterminio?

En temas de combate del delito siempre hay un riesgo  cuando la ciudadanía de cualquier manera se toma la justicia por sus manos… Estas personas se han convertido también en homicidas.

 

¿Cómo se deben financiar estas medidas?, ¿préstamos, impuesto o austeridad?

Es difícil contestarlo categórico, porque tanto en el sector militar como seguridad nunca ha habido transparencia de cómo se usan los recursos. Uno no sabe si hay derroche o ineficiencia, solo sabe que el sector ha venido siendo apoyado económicamente año con año, 2003, que era como $210 millones, 12 años después estamos con asignaciones de más de $300 millones. Es muy probable que se necesite apoyo, tanto en inversión como en la parte corriente, pero lo que hay que garantizar es que los fondos vayan donde tienen que ir. Debería de existir un sistema de transparencia o de control ciudadano para que se pueda tener la conciencia que esos fondos que se van a ir ya sea por la vía presupuestaria, de impuestos, se verifique que se está usando bien.

 

¿Es correcta la condición de ARENA a la emisión de bonos para la seguridad?

Le preguntamos a un diputado, no sé que tan cierto será, pero comentaba que dentro de los millones se está pidiendo para pagar el bono de los policías y que ¿cómo pueden pedir un bono si eso ya debería estar en el presupuesto?, es decir, si yo voy a pedir dinero extra es porque tiene que ser para cosas extras. Lo que se está tratando es como un juego contable: ‘Yo te pongo los 140 millones que de todas maneras ya tengo que usar, te lo liquido después’ y pasa que queda libre el dinero que ya tenían presupuestado para ello. Eso es lo que me explicaba el diputado, pero eso simplemente es de sentarse y explicar bien los números.

 

¿Qué tanto influye la corrupción en la inseguridad que vive el país?

Hace años cuando yo era ministro (de Seguridad), teníamos el problema de los secuestros y era algo que no se podía manejar. Una persona de alto renombre en el país me dijo que, cuando pasan ese tipo de cosas y no se pueden controlar, de seguro el problema está  dentro del órgano, es decir que hay corrupción. Debe haber algún tipo de eso, pero desconozco qué tan grande sea en relación al fenómeno de las pandillas. ¿Cómo es posible que a la par del Castillo, donde está la sede central de la Policía, estén pasando todas esas cosas y no suceda nada?

 

¿Incapacidad?

La primera corrupción es cuando un funcionario cobra por algo que no hace, esa es la primera forma de corrupción. Yo espero que con estos cambios que se están haciendo, veamos cambios reales. Para mí, San Salvador debe ser el objetivo fundamental y no veo que a San Salvador se le haya puesto énfasis porque está en la periferia de la ciudad, que también son zonas bien afectadas.

 

¿Es conveniente que se instale una comisión de investigación internacional contra la corrupción y la impunidad, en el país?

No sé si llamarlo así, pero algo como eso, sí. Me inclinaría en que lo ideal debería ser un esfuerzo de ese nivel a apoyar la institucionalidad del Ministerio Público, porque el problema es que el Fiscal es un funcionario solitario, que no tiene  una junta directiva o consejo, y además no tiene capacidad de influir en el presupuesto, a él le ponen el presupuesto le ronca al Ministerio de Hacienda. Los dos grandes músculos del tema de seguridad son el sector judicial y policial que tienen mucho fondo, pero la rodilla que hace la articulación, o sea la Fiscalía, no tiene tanto. Yo sí veo adecuada la protección para el Fiscal, en definitiva con eso de que lo han estado amenazando personas que han sido involucradas en casos, es necesario darle protección.

 

¿Qué acciones podrían replicarse de la lucha antisecuestros en el combate a las pandillas?

Con lo de las maras es un poco distinto, tienen un concepto de lealtad que no tenían los grupos de secuestro y eso hace que el combate sea un poco más difícil, pero creo que en general hay que tratar de detectar qué tan infiltrada está la Fiscalía en este tema y tratar de depurarlo, probablemente se tenga que crear comisiones especiales y una unidad. Para los secuestros se pasaban controles antidrogas cada semana y regularmente por el polígrafo para saber si no estaban relacionados con este crimen. Se contó en una coordinación con el sector privado que muchos de ellos eran víctimas de secuestro, por eso ayudaban en el concepto de cómo apoyar a la familia del secuestrado y cómo hacer que trabajaran con la Policía pero, en ese entonces, nadie quería trabajar con ellos porque decían que eran de los mismos.

Antes, creamos fondos para pagar recompensas con parte empresa privada y parte pública, se creó la Ley de la Policía, fondos de apoyo a la familia de la Policía y existía una organización en la que estaba la Fiscalía, la Policía y algunos entes de apoyo relacionados.

El punto era que secuestradores eran capturados y no salían libres, los dejaban presos por 30 o 40 años.

 

¿Por qué no se puede lograr ese apoyo de la empresa privada hoy?

Lo que sucedió es que el Gobierno de (Mauricio) Funes, en cuanto llegó, disolvió todos los mecanismos de coordinación. Creo que él llegó con una visión ideológica predefinida en la que el Estado no debe relacionarse con la empresa privada, por eso, recordará que se sacaron a los directivos de las autónomas bajo el concepto que como Estado no necesita que sectores especiales de la sociedad controlen ahí. Yo creo que es un error porque se perdieron importantes apoyos y, en el caso de seguridad, se perdió un buen equipo que se había probado, por ejemplo, al jefe de la unidad lo mandaron a San Martín como castigado y aún no se ha logrado rehacer el ambiente, pero ahora que ya se ha logrado un acuerdo con los partidos políticos se puede hacer un acuerdo con la sociedad.

 

Ya ha pasado un tiempo prudencial para que el Gobierno retomara lazos con la empresa privada. ¿Por qué no se ha dado?

Yo creo que hay un elemento ideológico muy metido. En el lado de la derecha, la ideología tiene que ver con la definición de la macro política que tiende a ser mucho más pragmática, y en el FMLN hay dos versiones, la pragmática y la que considera que no hay que hacer alianzas con el enemigo. Creo que hay más resistencia del FMLN. Por ejemplo, el sector que sufre, al no haber esos acuerdos, es el tema de la extorsión, que es natural hacer la alianza Policía, Fiscalía y sector privado, entonces, en esa área, habría disponibilidad de las empresas de aportar dinero conocimiento u otros elementos. Yo sostenía en la conferencia de las pensiones que, así como se puede llegar a macropolítica en el tema seguridad, ojalá se pueda llegar a un tema macropolítica al tema de Fiscal, pero  en el caso de la seguridad hay que bajar de la macro política a la política concreta.

 

¿Estamos en campaña?

A nivel de partido, sí, pero a nivel de persona, no. Muchas de las decisiones que se están tomando o se están dejando de tomar tienen que ver en cómo  va a afectar en el momento de la elección aparte de alcaldes y diputados básicamente.

 

¿Se están modernizando los partidos?

Modernizando, solo siento que lo está haciendo ARENA a nivel interno, el FMLN no y los partidos pequeños menos todavía.

 

¿Qué les falta a los partidos?

Todo ese concepto de la organización partido democrático hacia adentro, que es la base de la Ley de Partidos. ARENA es el único que está explorando el tema todavía sin soluciones definitivas, pero ahí va. El FMLN ya se definió que claramente no, para ellos esos ensayos no funcionan, ya lo hicieron una vez y sienten que para ellos no va. Los partidos pequeños están más concebidos a partir de la cabeza del jefe o liderazgo del partido.

 

Y en el tema de las finanzas y la transparencia, ¿qué esconden?

Más que todo lo que está detrás es la forma de cómo le están llegando los fondos al partido. Con los partidos grandes, eso de cómo llegan los fondos a las campañas, por ejemplo, cuando China apoyaba al partido de Gobierno, son apoyos que ponen en desventaja la batalla, uno tiene mucho recurso y el otro no tiene nada.

El otro problema es que el apoyo a los partidos políticos siempre han tratado de ser reservado de quién lo hace, hay algunos que le dan dinero a todos los partidos o a un partido pero no quieren que se sepa y otros que le dan al candidato y no al partido.

En general, mi percepción es que el partido político y los políticos no se han dado cuenta que el piso se movió y siguen creyendo que las reglas están como hace un año. ¿Qué tanto peligro hay en las decisiones de nuestros políticos en relación con temas de poder?, el tema de La Línea (Guatemala), narcotraficantes y uno sabe que las hay.

Pero de los funcionarios que yo conozco, no, no hay esa sensación de decir que los directores de Policía son corruptos, ni el Presidente de la República ni Howard Cotto.

Quizás cuando lo ve alguien de fuera pueda que haya algo que uno no puede ver.

 

¿Debería levantarse el secreto bancario para los partidos políticos y los políticos?

Yo creo que sí, pero más que todo lo que hay que aportar son las instancias de control, la Fiscalía, la Corte de Cuentas, debería haber una acción de probidad o algo con lo que se pueda controlar a los políticos.

La sola generalización del estado financiero de los partidos políticos no garantiza nada.

 

Francisco Bertrand Galindo

Fue ministro del Interior y también ministro de Seguridad Pública y Justicia en la administración del expresidente Francisco Flores, ya fallecido. Abogado constitucionalista. Participó como parte del equipo que combatió los secuestros junto a la empresa privada en los años 2000, cuando afirmaba que los secuestros eran provocados por la “sensación de impunidad” que existía en el país.

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