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Magistrado se declara culpable de corrupción

miércoles 25, febrero 2015 - 12:00 am

Alejandro Moncada se declaró culpable para evitar juicio y aceptó una condena de cinco años. /DEM

Alejandro Moncada se declaró culpable para evitar juicio y aceptó una condena de cinco años. /DEM

El magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá Alejandro Moncada Luna aceptó el lunes por la noche ser culpable de dos de los cuatro delitos de corrupción por lo que es investigado por una subcomisión del Parlamento.

Moncada se declaró culpable de los delitos de falsedad de documentos y enriquecimiento injustificado, dijo este lunes a los periodistas el diputado fiscal del caso, Pedro Miguel González.

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El expresidente del Supremo panameño, separado del cargo de magistrado y en arresto domiciliario desde octubre pasado, es investigado por esos dos delitos y por blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. El diputado fiscal explicó que la defensa de Moncada Luna entregó este lunes una propuesta de acuerdo en la que el magistrado separado acepta que incurrió en esos dos delitos.

Dicha propuesta debe ser considerada por la Subcomisión de Garantías de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), encargada del caso, a la que le corresponderá determinar las condiciones para su cumplimiento, explicó el diputado fiscal.


La Subcomisión de Garantías está integrada por las diputadas devenidas en juezas Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Ana Matilde Gómez, independiente, y Katleen Levy, del gobernante Partido Panameñista. González dijo que espera que las juezas de garantías fijen la realización de la audiencia para que “avalen el acuerdo y dicten la sentencia, tal cual lo acordamos con el imputado”.

Remarcó que “el acuerdo fue presentado ante la oficina judicial” del Parlamento y que “corresponde a las juezas de garantías citar a una audiencia y en esa audiencia, con la presencia de las partes, el imputado y la fiscalía, analizar su alcance y dictar la correspondiente sentencia”.

En el texto del arreglo se establece una pena principal de 60 meses de prisión y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo de tiempo, así como el decomiso de dos apartamentos de lujo. El imputado además se somete a las condiciones de cumplimiento que le imponga el Tribunal de garantías.

 




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