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Cada vez que se discute en la Asamblea Legislativa la elección de funcionarios de segundo grado, siempre surgen los viejos fantasmas de reparto de cuotas de poder. Dicho reparto determina la correlación de fuerzas que busca tener cada partido político con mayor peso dentro de aquellos organismos que a su criterio deben de controlar, y tener así centralizado todo el tráfico jurídico y económico que se da en esas instituciones.

Entonces ¿Es antisoberano que haya negociaciones entre los partidos para la elección de funcionarios? Claro que no, siempre y cuando se observen los procedimientos establecidos por la Asamblea Legislativa y se respete el criterio emanado de la Sala de lo Constitucional con respecto que no debe de haber adhesión partidaria de ningún candidato, dado que ello supone un servilismo del futuro funcionario hacia aquel partido que lo promocionó, apoyó y aprobó.

No obstante, el criterio de la Sala no debe de ser mal interpretado, ya que lo que pretende es evitar que los funcionarios de segundo grado respondan a intereses partidarios, dado que el deber de todo funcionario es sujetarse a los intereses generales de la nación, aunque ello represente ir en contra del partido que los eligió. Lo cual es imposible de digerir por la mercadocracia que tiene secuestrada la democracia en El Salvador.

En consonancia con lo anterior, la Sala no está diciendo que no haya una simpatía hacia una corriente ideología determinada por parte de un candidato a funcionario público o que tenga prohibido expresar su pensamiento ideológico (todos los ciudadanos son políticos por naturaleza), ya que lo anterior supondría una limitación a los derechos políticos y civiles que tiene todo ciudadano expresado en la carta magna.

En consecuencia lo que hace la diferencia entre adhesión o simpatía hacia una corriente ideológica determinada, es el servilismo que tiene el aspirante a funcionario de segundo grado con el partido que lo eligió y no con la población. Para el caso, la historia nos ilustra el deterioro en el que cayó el sistema de justicia, en los tiempos que ARENA gobernó, dada la manipulación que se hacía a los magistrados.

De manera que se vuelve reprochable y censurable, desde todo punto de vista, que un candidato de segundo grado, participe activamente en política partidaria y peor aún que endose su apoyo público a un candidato presidencial, alcalde o diputado y grite a los cuatro vientos su preferencia ideológica, ya que desde ese momento está diciendo que antepondrá los intereses del partido por los intereses de la nación.

De modo que la pretensión de la Sala es despatidizar (no despolitizar) las instituciones públicas que han sido objeto de secuestro por parte de los partidos políticos por décadas y devolverles su carácter autónomo e independiente. Ante ese escenario, se debe de elegir a un tercio de los magistrados de la CSJ, y al nuevo Fiscal General, pero el mecanismo que está utilizando la Asamblea Legislativa para elegir a estos funcionarios sigue siendo el mismo ya que se continúa viendo la componenda, la puja del trinquete, el estira y el encoge de la gañanería. De tal forma que la Asamblea Legislativa está enfrascada en tomar como requisito fundamental únicamente aquellos candidatos a magistrados con una mayor adhesión a los principios ideológicos de cada fracción. Tal es el caso que ARENA ya tiene su lista y el FMLN también ya tiene la suya, en la cual ambos partidos están enfrascados.

Digo lo anterior porque ARENA y el FMLN ya expresaron su apoyo a ciertos candidatos a magistrados que a todas luces representa sus intereses, lo que supone un continuismo de supeditar a estas instituciones públicas a favor de la mercadocracia, o sea, a los grandes intereses económicos que están detrás de cada partido político.

En ese sentido, creo que debe de haber un mayor control ciudadano que presione a la Asamblea Legislativa a reconsiderar su postura en la selección de los candidatos, para que analice objetivamente la trayectoria académica, el aporte a la comunidad jurídica, la moral y la honradez notoria. Y por último, la propuesta para mejorar el sistema de justicia.

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