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Política

Marcha a favor de “minería responsable” llega a la Asamblea

Edgardo Rivera

jueves 23, marzo 2017 - 1:38 pm

Frente a la Asamblea y al lado de la CSJ, un grupo de personas apoyaron la minería. Foto: DEM.

Representantes de comunidades de San Isidro, Cabañas, llegaron hoy a la Asamblea Legislativa a pedir que no se prohíba la minería metálica, sino más bien que se regule esa industria para evitar que cause daños ambientales.

En la concentración participaron también empleados de la empresa Oceana Gold, propietaria de Pacífic Rim, entidad que ha desarrollado trabajos de exploración minera en El Dorado, San Isidro.

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“Pedimos a los diputados que valoren, analicen la situación, que no eliminen la ley de minería metálica; más bien que la regulen y que exijan que se cumpla de una forma responsable”, dijo Juan Isidro Hernández, representante de la comunidad.

La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa prevé que la próxima semana aprobará la Ley de Prohibición contra la Minería Metálica.


Diferentes organizaciones sociales, incluyendo la Iglesia Católica, han pedido a la Asamblea Legislativa que emita una ley que prohíba la minería metálica. Durante una marcha efectuada el pasado 10 de marzo, el Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, señaló que  “la minería metálica es el peor daño que se le puede hacer al medio ambiente”.

Hernández dice que el Arzobispo debería conocer la experiencia de San Isidro. “Más quisiera que él (Escobar Alas) fuera al lugar y conociera lo que el proyecto tiene, para que luego dé un juicio en base a lo que realmente es y no a lo que le dicen”.

Señaló que la empresa Oceana Gold ha sembrado más de 80,000 árboles en la zona de El Dorado y actualmente genera 70 empleos directos. En caso de autorizar la explotación minera, estaría generando entre 400 a 500 empleos directos y hasta 2,500 empleos indirectos.

Asegura que las organizaciones que se oponen a la minería toman referencia a empresas que han sido irresponsables, pero considera que se puede hacer de forma amigable con el medio ambiente.

“Queremos que los diputados nos escuchen, que nos visiten y vean la situación de pobreza y desempleo en que vivimos. Queremos que tomen en cuenta nuestra opinión, pues con proyectos de este tipo podemos tener un empleo digno y poder brindar educación a nuestros hijos”, dijo Hernández.

La empresa Ocena Gold entabló una demanda en 2009 ante el Estado salvadoreño por la suspensión de la explotación minera. La demanda fue por $250 millones.

En octubre de 2016 el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI), del Banco Mundial, condenó a Oceana Gold a pagar $8 millones al Estado salvadoreño por los gastos en la defensa legal del caso.




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