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Editorial & Opinion

Marketing policial

Aura Jarquín / Antropóloga Política auricjar@gmail.com

viernes 28, julio 2017 - 12:00 am

En los anuncios clasificados es cada vez más frecuente la búsqueda de encuestadores y analistas de datos. Aunque no coinciden en el anuncio y hasta parecen distintos los proyectos cuando las vacantes son cubiertas, uno después del otro, el primero más que el segundo, se juegan el pellejo tras el mismo objetivo.

Temporada electoral dirán algunos. Puede ser. La coyuntura varía pero la estrategia no. Se trata de exponer la vida de jóvenes con educación media, deseos de superación y urgidos de ingreso mínimo pero legal para extraer información táctica en comunidades de alto riesgo delincuencial con estrictos propósitos policiales.

Una estrategia de negocios que merece ser investigada a profundidad por defensores de derechos humanos más comprometidos con las víctimas del estado que con la aritmética legislativa. Un típico Asocio Público-Privado del modelo ganar-ganar, excepto por la pérdida de algunos “Samuelitos” de la posguerra que, si acaso no lo fueran, como se les parecen.

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Por ahora, les distingue el filo del entrenamiento. Apenas armados con camisetas, gorras, un par de dólares como viáticos y una identificación que expira ocho o 15 días después de ser emitida, los jóvenes encuestadores se percatan del cambio de ruta e instrumento poco antes de bajarse cuando todo indica que su integridad depende de su improvisación y astucia de la migra comunitaria.

A pesar del cover, el barrio se reserva el derecho de admisión, acompañamiento y detención para los fines que consideren pertinentes. La adrenalina fluye porque la batería de preguntas del cuestionario sorpresa regularmente no aguanta con dos interrogatorios en el mismo pasaje.


Sin duda, la contrainteligencia está cada vez mejor preparada para distinguir el marketing comercial o electoral de la inteligencia policial, pero al combinarlos nadie puede evitar que paguen justos por pecadores.

El tiempo compartido no es suficiente para la cuadrilla y quien no escucha a tiempo el grito de retirada del supervisor simplemente se quedó, se perdió y sus datos sólo caben en el margen de error del diseño muestral. Ni el cliente ni la empresa se hacen responsables de las pérdidas durante el levantamiento de datos sobre victimización y percepción de seguridad, entre otros.

El problema sería menos complejo si las preguntas sobre consumo o intención de voto en una colonia o caserío solamente se intercalaran con la medición de confianza en las instituciones de seguridad pública, evaluación del desempeño institucional, estimación del gasto familiar en protección o subregistro del delito.

No obstante, muy lejos del riesgo calculado para las capacidades de sus investigadores de campo, en cada proyecto el Asocio también incluye preguntas torpemente disfrazadas sobre crímenes vecinales, relaciones de cooperación y rivalidad, liderazgos emergentes, seudónimos o tácticas operativas.

Cifras NACIONALES que anualmente se comparan a escala continental sin mayores explicaciones sobre la fiabilidad de la recolección de datos en territorios dominados por guerrillas, paramilitares, pandillas, cuatreros, piratas, traficantes de drogas, armas o personas cuyo poder ha resignificado la superficie nacional.

Sin embargo, son tan irresponsables al cruzar el límite del servicio a domicilio que se rehúsan a denunciar una agresión o desaparición que pueda arriesgar la continuidad de otros estudios de mercado interesados en el consumo de los excluidos.

Aún ensangrentado, el dato bruto se distribuye entre universitarios subcontratados para analizar gráficos lejos del mapa hasta ensamblar el archipiélago en un costoso informe oficial, de uso múltiple pero clasificado que mata demasiados pájaros de un sólo tiro. Si bien es cierto, la confianza en la libertad empresarial para investigar la opinión pública contribuye a la toma de decisiones más precisas, la técnica no debe valerse de la vulnerabilidad juvenil en un contexto de profunda flexibilización laboral, inseguridad pública e impunidad.

Clientes, medios y líderes de opinión que demandan, confían y estiran los porcentajes a su antojo deberían ser los primeros interesados en exigir transparencia en los costos directos e indirectos de la construcción de percepciones, los medios y rutas de acceso al saber de la “nación”.




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