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Recientemente, el Fondo Monetario Internacional reiteró la realidad económica financiera de nuestro país y, después de hacer un análisis estrictamente numérico, llegó a la conclusión de que las finanzas del Estado se encuentran en una situación deplorable; en otras palabras, el Estado sufre una quiebra financiera.

Dicho análisis refleja que la deuda pública es prácticamente impagable en las condiciones actuales y que es necesario incrementar los impuestos, y reducir el gasto del Estado para subsistir. Desde luego que dicho análisis se elabora con las mejores técnicas modernas, que reflejan un mínimo de errores y el resultado no puede decirse que es equivocado.

De ahí que se busque afanosamente una solución, entre las cuales se ha presentado la posibilidad de tomar fondos de las pensiones de los asalariados para resolver el problema. (Aunque nuestro comentario de esta semana no se refiere a esa gran “iniciativa” que significa solucionar de inmediato el déficit fiscal parcial y temporalmente, y dejar el problema para los gobiernos que se tendrán en el futuro, para solucionar el problema que se está  creando al gobierno). Lo cierto es que quienes vivimos en El Salvador respetamos la visión financiera del FMI, que muy olímpicamente dictamina: Suban los impuestos, gasten menos.

Es posible que, de ese punto de vista, la visión sea correcta, pero ciertamente, desde el punto de vista social, en la primera fórmula –suban los impuestos– desde el punto de vista social, es un tremendo error, porque la mayoría de los contribuyentes tendrá un golpe enorme, si acaso se llega a incrementar la carga impositiva. El impuesto llamado IVA es un impuesto que paga todo el mundo, porque todas las operaciones de compraventa de bienes muebles como comida, objetos de uso personal, de limpieza, de vestido, de servicios, hay que pagarlo.

Dicho de otra forma, nadie se salva de pagar ese impuesto, independientemente de su calidad de rico o pobre, hay que pagarlo, sin chistar y punto. Sin embargo, por el lado del gasto público, la cosa es diferente, porque para reducir el gasto también es necesario imponer –a la fuerza si se quiere– la reducción de salarios a los altos funcionarios, y evitar el despilfarro en viajes, lujos, vehículos nacionales, salarios y plazas innecesarias, que castigan el presupuesto en forma deliberadamente exagerada.

Reconocemos que los estudios de instituciones internacionales como el FMI  generalmente son de calidad y que no merecen cuestionarse desde el campo financiero, pero en los países en desarrollo como el nuestro, es obligatorio tomar en cuenta el elemento social  y sopesar el impacto que causa en la población mayoritaria, la aplicación de las medidas recomendadas. En estos países, la pobreza generalizada crece año con año. Y no será por decreto que se elimine el fenómeno, sino con medidas inteligentes que obliguen a las personas y empresas a producir más y con mejor eficiencia, lo cual generará ganancias que sí podrán rendir réditos y, de esa forma, mejorar condiciones de vida y, a la par, generar nuevos ingresos al fisco, sin necesidad de elevar los impuestos. Mientras eso no ocurra, solamente podremos ampararnos en lo mas fácil de implementar: reducir el gasto.

Desde luego que tal opción supone la implementación de una voluntad política difícil, porque quien debe tomar la responsabilidad también saldrá afectado. Pero todo esfuerzo por nuestro país será aplaudido por quienes a la larga saldrán beneficiados. Las múltiples oficinas gubernamentales creadas para controlar a las entidades de gobierno, como la Corte de Cuentas, Probidad, Transparencia, Ética y otras podrían elaborar estudios donde se podría evitar el nefasto despilfarro sin recurrir a la cárcel. Periódicos y medios de comunicación podrían incrementar sus denuncias de excesos de mal gasto del patrimonio nacional. Es hora de rectificar en lo que se pueda para sacar a flote a la nación.

 

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