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Álvaro Albornoz, abogado y catedrático venezolano, recientemente incendió las redes sociales al escribir una carta dolorosa a quien fuera exalumna suya en la Universidad de Aragua. En esta misiva, hecha pública en su blog, dice el Dr. Albornoz: “Nunca pensé que ibas a ser capaz de amañar un juicio y sentenciar a un hombre sin pruebas y sin darle el derecho a la defensa… Yo no te enseñé a violar las leyes, y estoy seguro que ningún otro profesor tampoco lo hizo”.

La destinataria de estas duras líneas es la jueza Susana Barreiros, que hace unos días le endilgó casi 14 años de prisión al opositor Leopoldo López. Su profesor, que en la carta la recuerda como una “muchacha tranquila y amable”, hoy declara no entender cómo pudo convertirse en “el ser perverso” que ha condenado “a una persona a sabiendas que es inocente”. “¿Cuándo perdiste tus principios y tu ética?”, le pregunta. “¿Cómo te puedes arrastrar ante un régimen narcoterrorista que destruye a Venezuela?”.

La jueza Barreiros, por supuesto, no sabrá qué responder a su antiguo catedrático. Ella, a sus 34 años, está lejos de tener las agallas que se necesitan para desafiar al poder de Maduro. Después de todo, la otrora “muchacha tranquila y amable” está ocupando hoy el puesto de la Dra. María Lourdes Afiuni, que desde diciembre de 2009 es prisionera del régimen por no haber condenado a un empresario al que el difunto Hugo Chávez quería ver tras las rejas. Semejante desobediencia le granjeó no solo una diatriba televisiva en la que el “comandante eterno” exigió 30 años de cárcel para ella, sino que Afiuni terminó siendo acusada de conspiración criminal y ha vivido hasta la fecha un calvario de torturas que incluyen arbitrariedades judiciales, vejámenes en la prisión y un muy visible deterioro en su salud.

Susana Barreiros prefirió evitarse problemas con el gobierno. A contrapelo de lo que en su día le enseñaron sus profesores respecto de la justicia y la verdad, ha aplicado a Leopoldo López una sentencia que avergonzaría a cualquier estudiante de derecho. Aparte de la inexistencia de pruebas que establecieran nexos irrefutables entre el exalcalde de Chacao y los actos de violencia que tuvieron lugar en febrero de 2014, incluso los adolescentes presentados por la Fiscalía para culpar a López reconocieron haber incendiado patrullas por iniciativa propia, indicando que jamás habían tenido contacto con el dirigente de oposición.

La independencia judicial, ya lo sabemos, es una ficción retórica en tiempos de dictadura. Los tribunales populares de Stalin condenaban a cualquier ciudadano en virtud de los caprichos del líder, para quien la justicia era una extensión de su personal voluntad. Probar las acusaciones contra sus adversarios políticos nunca fue un problema jurídico para Hitler: era suficiente con que el convicto expresara su desafección al nacionalsocialismo. Hugo Chávez plantó la semilla de esa clase de manipulación legal en Venezuela. Nicolás Maduro ha cosechado los “frutos” del sistema abonándolos con más miedo y represión.

Para evitar estos abusos es que se lucha tanto por la independencia partidaria de los jueces en El Salvador. Si nuestros tribunales, desde la más pequeña judicatura territorial hasta la misma Corte Suprema de Justicia, terminan siendo tomados por el poder político, los derechos que nos garantiza la Constitución a los ciudadanos serán meros instrumentos del poder de turno. Habremos caído, finalmente, en una dictadura.

No sé en qué estado se encuentra la conciencia de la jueza Barreiros después de la infame sentencia que emitió, pero dicen que el remordimiento es peor tortura que una cárcel. En contraste, la nueva víctima del chavismo, el condenado Leopoldo López, escribió lo siguiente en una carta: “Díganle a mis hijos que hoy no estoy preso, que hoy estoy más libre que nunca, y luchando por su futuro”.

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