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Todo esfuerzo encaminado a reducir la corrupción y la impunidad que tiene al país por el laberinto de la oscuridad y la miseria tiene que ser apoyado por todos los salvadoreños honrados que deseamos una patria mejor. Para ello se requiere un fortalecimiento a la probidad y que se alcance autonomía en la revisión y supervisión del patrimonio de los funcionarios públicos sobre todo cuando ha habido un crecimiento exponencial no justificado de sus bienes.

Pero para alcanzar la eficacia de los servicios públicos y honradez en cada uno de los procesos, se requiere que haya una mayor participación ciudadana que esté dispuesta a escrutar el actuar de los funcionarios que se enriquecen a vista de todos. Pero no se les puede perseguir dado que las instituciones como Corte de Cuentas, Probidad, IAIP, la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República de El Salvador, no han tenido la voluntad de ejecutar su procedimiento para evitar la impunidad del enriquecimiento.

En ese sentido deseo felicitar al grupo gestor de la nueva propuesta de ley denominada “Probidad Pública” en la que desarrollará la campaña  “Mas Probidad, Menos Corrupción” deseo aclarar que este proyecto cuenta con el respaldo de instituciones de prestigio que dan credibilidad al impulso de la ley de probidad, dado que entre ellos se encuentra la prestigiosa Universidad Francisco Gavidia, que tiene una trayectoria impecable en la formación académica de profesionales integrales que están incidiendo en el país.

Ahora bien, es importante explicar a los ciudadanos que El Salvador cuenta con una Ley Sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP), pero se trata de un texto jurídico obsoleto e ineficaz que ya no cumple el propósito de su creación ni responde al contexto actual. Ya que la multa por no presentar la declaración de patrimonio es de 100 colones, con lo cual no se infunde respeto ni temor hacia la ley. Por ello le da igual al funcionario presentar o no su declaración de patrimonio.

Dicha tesis se refuerza con el informe proporcionado en marzo de 2015 por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la CSJ, de los 1,296 servidores públicos que tomaron posesión de su cargo a partir del 1 de junio de 2014, aún hay 325 que no han presentado su declaración patrimonial correspondiente, a pesar de que el plazo que establece la Constitución venció en agosto de 2014.

Lo cual deja en evidencia, la ineficacia de la ley que data desde el año 1959,  y la poca voluntad de la corte plena en sancionar a los funcionarios infractores de la ley, por ello se vuelve imperioso exigirle a la Asamblea Legislativa que apruebe el proyecto “Ley Probidad Pública” la cual tiene la garra suficiente para perseguir a todos aquellos malacates que revestidos de funcionarios (no todos) se prevalecen de su cargo para alcanzar beneficios económicos, peor aún conseguir la contratación de un pariente o amigo sin que tengan las credenciales suficientes.

No obstante es importante dejar claro que, para que esta ley funcione se debe de pedir la imprescriptibilidad de los actos de administración pública con efecto retroactivo. Además de ello se tiene que formar el Organismo Probidad como un ente autónomo, que sea independiente de la Corte Suprema de Justicia, para despolitizarlo. Para ello será fundamental dejar claro que los miembros que conformaran el Organismo Probidad, no tienen que ser elegidos ni por los diputados, ni juramentados por el presidente,  sino que se tiene que diseñar un mecanismo que garantice la objetividad en la selección de sus miembros, que por credibilidad el  Organismo Probidad tiene que ser formado por un miembro de la sociedad civil, un libre pensador, un miembro que provenga de las universidades, otro que sea propuesto por la empresa privada, uno que provenga de las iglesias, y por ultimo un miembro delegado del Gobierno, para que haya pluralidad de pensamiento.

También es importante que la ley de probidad, posea un apartado donde se nombre un perito para que pueda evaluar bienes tangibles e intangibles de funcionarios y que vaya a sus casas de habitación, con el fin de ver a cuanto ascienden los bienes en joyas, arte y esculturas.

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