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Editorial & Opinion

Mejora regulatoria ¿para qué?

Jaime Mauricio Campos Pérez / Director ejecutivo del OMR Twitter: @jaimecamppos

jueves 20, julio 2017 - 12:00 am

Muy poco o nada se conoce sobre la importancia de la mejora regulatoria en nuestro país. De hecho, la terminología empleada no suele ser amigable para el oído de muchos, de manera que para hablar de ella es necesario hacerlo en lenguaje sencillo o en “clave ciudadana”.

La mejora regulatoria es una actividad del programa de Fomilenio II, específicamente del proyecto de clima de inversiones, que busca mediante una institución especializada, como el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), hacer una revisión de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas con carácter general relacionadas con el mundo de los negocios, y recomendar la eliminación, reformulación o simplificación de procedimientos o trámites que minimicen los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas, a la luz de criterios técnicos y legales.

Si bien la mejora regulatoria suele estar vinculada a la actividad comercial y a la simplificación de trámites, cabe decir que su ámbito de aplicación es mucho más amplio; siendo una política pública pretende impactar en la generación de normas claras y abiertas al público por parte de las instituciones gubernamentales, como una manifestación del principio de transparencia.

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En el anteproyecto de Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) presentado a la Asamblea Legislativa, se encuentra una disposición que señala que, previo a la decisión de regular o no regular, debe realizarse una Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR), de acuerdo a los modelos técnicos establecidos por el organismo a quien corresponda dictar y vigilar el cumplimiento de las políticas de mejora regulatoria.

La EIR es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos de cumplimiento por los particulares; es decir, permite analizar los impactos potenciales que tendrá una disposición normativa en la sociedad.


En ese sentido, el anteproyecto de LPA desarrolla un procedimiento bajo el cual se aprobarán las regulaciones o normas administrativas (reglamentos, acuerdos, instructivos, ordenanzas), bajo criterios de transparencia y con audiencia a los ciudadanos directamente afectados en sus derechos e intereses, y asegurando la participación del público en general, a través de mecanismos de consulta pública.

Evidentemente, la regulación es necesaria en un estado de derecho, ya que por medio de la regulación se protegen aspectos sociales, económicos y políticos que son del interés general; el problema radica, sin embargo, cuando existen regulaciones poco claras o inadecuadas, porque son desproporcionadas para el fin que buscan resolver y resultan excesivas.

Piénsese, por ejemplo, si antes de regular sobre la comercialización de alimentos con alto contenido en grasas, sodio y azúcar, y de todos aquellos que no contribuyan a una alimentación saludable dentro de las tiendas y cafetines escolares, se hubiera realizado una evaluación de impacto regulatorio.

El nuevo escenario implica un cambio en la cultura de los servidores públicos que debe ser impulsado con denuedo y entusiasmo, así como “evangelizar” en los grandes beneficios que la mejora regulatoria tiene para el país, pues reduce los márgenes de discrecionalidad de los funcionarios; favorece la transparencia; promueve la participación ciudadana; fortalece la idea de gobiernos modernos y cercanos a la gente; crea confianza en la sociedad; aumenta la gobernabilidad democrática; y promueve el crecimiento económico.




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