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Por razones externas –poderosas y determinantes- y por razones internas –el conflicto había llegado a un virtual estancamiento peligroso-, se terminó la guerra civil como se terminó, ya sabemos cómo y fuimos un ejemplo internacional –hasta de referencia e imitación- por haberlo llevado más o menos a buen término.

Uno de los componentes políticos de aquél acuerdo fue el pacto de una amnistía, la cual sería plasmada en una ley –como de hecho ocurrió-, a imagen de otras legislaciones latinoamericanas conocidas como “leyes de punto final”, “leyes de perdón y olvido”, “leyes de amnistía general”, etc., por medio de la cual ambas partes pactaron “perdonarse” todos aquellos “delitos” cometidos durante el conflicto, que pudiesen ser llamados delitos “políticos” o delitos “comunes conexos con delitos políticos”. Con todo y a pesar de cualquier crítica –incluso el hecho de que fue aprobada inconstitucionalmente tal y como lo señaló la Sala de lo Constitucional en el año 2001-, dicha ley de amnistía “funcionó” bastante bien en cuanto al propósito para el cual fue concebido: Que la posguerra se convirtiera en un espacio de convivencia política entre las fuerzas que habían hecho la guerra, y que en ese espacio transitaran del campo armado a la vida política partidaria los grupos insurgentes, y que no se utilizara ese tiempo para pasar metido en un innumerable y casi bizantino coro de incontables juzgamientos y condenas a todos aquellos que cometieron delitos durante el conflicto, en la forma que antes señalé. Con sus bemoles y particularidades, los insurgentes se convirtieron en partido político, entraron a participar de la lucha política, ingresaron al campo de la representación en el Estado, y a este día hasta uno de los máximos dirigentes de la otrora guerrilla es el Presidente de la República. Los militares, por su lado, fueron relegados a la labor que por constitución siempre debieron de ostentar, y perdieron el poder político del que hasta el final de la guerra tuvieron.

Pero para que una ley de amnistía funcione, se les olvidaron dos cosas fundamentales: la primera es que una ley de amnistía –que tiene de carácter nacional- no puede pretender –y aunque lo pretenda no surte efectos- “perdonar” o “exonerar” figuras delictivas como aquella perteneciente al campo del llamado Derecho Internacional perentorio o Jus Cogens, como son los llamados crímenes de guerra, el genocidio o los crímenes de lesa humanidad, pues tales atrocidades, bajo la ley perentoria internacional, no pueden ser perdonados por leyes nacionales ninguna, confieren jurisdicción universal para su procesamiento –aunque cada vez más va a ir disminuyendo este efecto con los tipos penales que ocurran después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma- y finalmente no prescriben jamás, nunca. De tal suerte que en dicho sentido, si tales atrocidades fueron cometidas durante la guerra civil, éstas no pueden ser cubiertas por la amnistía, con base, repito, al Derecho Internacional Humanitario. Quienes afirman otra cosa como algunos militares en situación de retiro, no hacen más que mostrar una ignorancia descomunal frente al Derecho.

La segunda cosa que se les “olvidó” es que uno de los Derechos Humanos más fundamentales de todo pueblo, es el derecho a saber la verdad, a saber cómo, cuándo y por quién ocurrieron los hechos durante el conflicto, de tal suerte que de esa manera se pueda establecer el orden lógico de una posguerra: Verdad, Justicia, perdón y olvido. Pero no se puede establecer ningún “olvido” si no se conoce la verdad que se desea olvidar; no se puede hablar de ningún perdón si antes no hay un castigo previo que perdonar, un establecimiento de la responsabilidad y culpa que se va a perdonar, y ello sólo se logra con la realización de la Justicia, y esta última no se puede verificar si por supuesto no se sabe la verdad. Esto es lo que se logra con la creación de las llamadas Leyes de la Memoria Histórica y hoy día aún más avanzada in tándem con las llamadas Leyes de justicia transicional –como se ha acordado en los acuerdos de paz negociados en Colombia-.

Por no haber tomado en cuenta los dos aspectos que antes he mencionado, hoy nos encontramos ante la perspectiva de una extradición de militares a España, y un nuevo debate de cosas que sinceramente ya ni siquiera deberían ser los temas de discusión de la mitad de la segunda década del siglo XXI, pero lo que no se “cura” ni “sana” bien, siempre suele traer secuelas, amargas secuelas…

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