Editorial & Opinion

Modelo de juez y transparencia judicial

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Sección El Salvador

viernes 16, febrero 2018 - 12:00 am

El paradigma del buen juez, encarnado en la figura de Salomón y en las genialidades de Sancho Panza en la ínsula Barataria, es la de un hombre excepcional por su sabiduría en la ponderación de los conflictos, que se manifiesta en una docta demostración por el sentido de justicia y la inteligencia en que reposan. Por ello en las Constituciones se indica características y requisitos para el nombramiento del juez, como son la experiencia, la competencia y la integridad moral. Además, se dicta normas que prescriben que los jueces deben estar en el goce de sus derechos de ciudadano y que sean abogados.

La exigencia de experiencia profesional se incrementa en la medida que los cargos sean más elevados jerárquicamente, por ejemplo, en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

También hay requisitos en cuanto a la edad, señalándose edades mínimas, siguiendo el criterio que con el transcurso del tiempo se logra un mayor nivel de madurez.

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Se requiere que sean personas de reconocida honorabilidad. Esto hace referencia al buen nombre alcanzado en la exposición pública a lo largo de la vida. El juez debe tener alto prestigio por su probidad, pues será ejemplo vivo de fidelidad a las normas.

Se pretende que sea firme en su imparcialidad, para que no sea inducido  por influencias personales, financieras o políticas, en desmérito  de su sacrosanta función.


En procura de la independencia del juez, se prohíbe la participación de funcionarios judiciales en actividades políticas partidistas o se establece la incompatibilidad con toda participación en política, los cuales son progresos normativos.

Los jueces deben ser personas de solvencia en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, privadas y fiscales. En fin, deben ser rectos e intachables.

Hay que pagarles remuneraciones salariales altas o suficientes para satisfacer sus necesidades personales y familiares, de manera que éstas no se vuelvan tan acuciantes que ablanden su honestidad.

El juez debe caracterizarse por su valentía para exponer en sus sentencias lo justo y pertinente, aun en contra de los poderosos o de la opinión pública y la prensa. Debe ser tenaz en la defensa de la Constitución y la legalidad, a ultranza si fuere necesario, por encima de influencias perniciosas, incluso de personas próximas a sus sentimientos y confianza.

El juez debe ser muy estudioso, para sustentar sus resoluciones en la majestad de la ley y la ilustración de la doctrina. Debe tener un amplio bagaje de conocimiento, una cultura que le genere respeto.

En resumen, el modelo de juez es el de una persona de alta capacidad técnica experiencia, independencia, imparcialidad, valentía y rectitud.

En cuanto a la concepción moderna de una buena administración de justicia, el tema relativo a la apertura y transparencia, está en auge. Como dice el doctor René Fortín Magaña, es una idea-fuerza. Se vincula con las garantías fundamentales de los derechos a la información, petición, acceso a la justicia, defensa y debido proceso.

La apertura representa un cambio respecto a la cultura precedente en la que prevalecía el secretismo.

En lo que atañe al acceso de la justicia, entendido como el derecho de promover el accionar del aparato judicial para procurar hacer efectivos los derechos de la persona, controvertidos o negados, existe una poderosa corriente para ampliarlo y tornarlo cada vez más efectivo en los medios forenses.

Dentro de las vías para facilitar el acceso a la justicia se menciona diferentes posibilidades, unas referidas a disminuir los requisitos que se exige para la admisión de las demandas y otras concernientes a mejorar y ampliar la red de tribunales para facilitar su uso por los sujetos interesados.

En lo concerniente al primero, se está poniendo en práctica criterios de sencillez frente al exceso de formalidades y exigencias técnicas de antaño. También se introduce las técnicas de la oralidad para el planteamiento de las demandas, como ya ocurre en varias jurisdicciones.

Respecto al segundo, se está creando oficinas sucedáneas o ampliando las competencias de tribunales en localidades fuera de las sedes principales, para que puedan recibir las peticiones.

El acceso a los expedientes judiciales es compendioso y se ve limitado por la normativa de la reserva en algunos casos.




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