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Actualmente el municipio con el mayor índice de asesinatos, con base a su población total, es San Pedro Perulapán (departamento de Cuscatlán), seguido de Apopa, Zacatecoluca, San Martín y San Salvador, respectivamente.

Sin embargo el gobierno ha elegido diez municipios que intervendrá en busca de recuperar territorios tomados por pandilleros y de esos primeros cinco municipios excluye a San Pedro Perulapán, Apopa y San Martín. Incluso, excluye a Ilopango, que ocupa el séptimo lugar en cuanto a la tasa de homicidios con base a la población total.

Los municipios seleccionados son: Ciudad Delgado, Colón, Zacatecoluca, Santa Ana, Sonsonate, San Salvador, Soyapango, Jiquilisco, Cojutepeque y Mejicanos. En estas jurisdicciones habrá, a partir de este 16 de julio, intervención en coordinación con iglesias, directivas comunales y alcaldías. Según el ministro de Seguridad, Benito Lara, son muchos los criterios que llevaron al gobierno a elegir los diez municipios pioneros, siendo ellos la cantidad poblacional y los distintos factores de riesgo.

Aunque las autoridades gubernamentales no han aclarado puntualmente en qué consistirá esa “intervención” en los municipios se ha dejado entrever que se buscará cohesión social para que todos los sectores formen una sinergia  positiva que sea factor de prevención. Hasta ahora no hay claridad sobre lo que se realizará como parte de la “intervención”, no obstante que se ha dejado claro que habrá más presencia del Estado en dichos municipios. En términos generales se habla de prevención de la violencia, atención a familia y víctimas, rehabilitación, ampliación de espacios públicos, fortalecimiento de iniciativas, programas de policía comunitaria, recreación, deportes, promoción cultural  y recuperación de todos los espacios que las estructuras criminales han tomado.

Todo suena  como una versión “light” de  seguridad pública. A estas alturas se necesitan acciones concretas y realistas más allá de acciones cosméticas. Seguramente los pobladores de las comunidades “tomadas” por pandilleros requieren de presencia policial y militar de manera permanente.  No se puede llegar a abrir espacios deportivos a comunidades donde predominan las casas “destroyer”  y donde cada negocio es víctima de extorsiones. Lo primero es hacer operativos en búsqueda de desarticular estructuras criminales, recuperar  casas tomadas y sacar a los criminales, no permitiéndoles que se desplacen a los municipios vecinos, porque de lo contrario solo sería trasladar el problema de un lugar a otro.

La intervención estatal es buena, desde luego, pero debe ser más acorde a las necesidades y a la realidad misma. No es con una charla como se logrará que un delincuente consumado deje de delinquir. Un torneo deportivo ayudará mucho a entretener a los jóvenes, pero antes hay que alejarlos de las drogas y de la influencia de las pandillas y para ello la solución es simple: combatir la delincuencia y recuperar los territorios tomados por pandilleros.

Ojalá  que por pura  estrategia de seguridad se hayan ocultado los planes represivos del delito en los municipios a intervenir, porque un plan de recuperación jamás funcionará si el problema no es tratado desde la raíz.  Ningún vecino querrá colaborar con la Policía Comunitaria si se sabe espiado por los delincuentes o si convive a diario rodeado de pandilleros.

Desde luego no se trata solo de criticar al gobierno. Intervenir diez municipios con altos índices de homicidios, aunque se haya excluido a cuatro de ellos, es un buen inicio, porque al menos da esperanza. Sin embargo, esa intervención idealmente debería ser en los 262 municipios del país, o al menos en los 212 en los cuales este año ha habido al menos un homicidio. Y es que aunque el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén,  dijo que los municipios violentos del país solo son 50, la misma PNC lo desmiente al afirmar que solo en 50 de 262 no ha habido homicidios este año.

La “intervención” en los municipios  debe ser integral. La prevención es sustantiva, pero mucho más lo es la represión del delito.

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