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Editorial & Opinion

Nada teme quien nada debe

Lunes 7, Septiembre 2015 - 12:00 am

Los recientes sucesos políticos ocurridos en Guatemala merecen hacer una reflexión sobre los efectos que derivarán en las repúblicas centroamericanas, donde la corrupción ha arraigado bases sobre raíces muy profundas, de difícil erradicación por la naturaleza misma de los delitos que implica.

El Presidente y Vicepresidente de la República de Guatemala han sido arrastrados hasta la cárcel debido a actos cometidos por los mas altos representantes del Ejecutivo, quienes posteriormente lograron  que sectores indignados de la población reivindicaran sus derechos y finalmente han logrado lo que en otros países  representa la lucha por la honradez de quienes han sido depositarios de los poderes de la nación, pero que no han podido responder con  hidalguía ni dignidad a la confianza de quienes sí confiaron en sus personas.  Esa historia  triste que se desarrolla en Guatemala, vecino y hermano país  de El Salvador, produce efectos en nuestros vecinos, y sobresalta entre todo el concierto de naciones, pero a los vecinos centroamericanos nos afectará mucho más que una noticia, porque por la cercanía física y el pasado histórico común, se puede decir que lo que ocurre en cualquier lugar de la región produce efectos en todos los demás.

A este momento ya se escuchan voces que demandan una institución protegida por el concierto internacional al estilo de la CICIG, quien en conjunto con el Ministerio Público han logrado poner un cerco a estos funcionarios que lejos de proteger a la nación, se han aprovechado de ella en nombre propio. Lo que allá sucedió podría estar sucediendo en otras latitudes, aunque con menor fuerza aparente. Por eso nos preocupa que anticipándose al movimiento que pretende dar seguimiento a un proceso similar al guatemalteco, ya algunos políticos pro Gobierno se pronuncien con tanta anticipación en contra de otra CICIG, versión salvadoreña, como si hubiera certeza  de que algo malo hubiera en el gobierno.

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De ahí que recordemos el dicho popular con que titulamos el artículo. Nosotros tenemos el convencimiento de que nuestra dirigencia política no goza de la santidad de un beato, y que muchos de sus exponentes en la asamblea legislativa son sujetos a los que la inmunidad del cargo les protege de mucho. La realidad es que las leyes  que los mismos se dan, en muchas ocasiones son barreras que les favorecen en sus turbios procederes a espaldas del pueblo. Acá hemos observado que los políticos dan la impresión de que se protegen entre ellos mismos, lo que provoca que la corrupción no sea combatida como debe ser. Las autoridades máximas de la nación están comprometidas con quienes los han colocado en tales cargos en responderles positiva y voluntariamente para no tener que repetir la funesta historia de caer de presidente a reo, de la noche a la mañana.

Es impostergable pues integrar una comisión anti corrupción, con poderes y prerrogativas e inmunidades especiales para que pueda ejercer investigaciones serias que den resultados reales que permitan iniciar acciones judiciales contra cualquier funcionario responsable. Lo importante  es que en estos procesos exista transparencia para que sea garantía de probidad. Negarse a la investigación de la probidad del funcionario suena sospechoso a encubrimiento o a querer ocultar conductas poco fiables de integridad. Combatir la corrupción es una necesidad en nuestro medio. Casi podemos invertir la presunción de inocencia: Hay funcionarios que se presumen culpables y deben demostrar su inocencia.


 

 




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