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OPINIONEl sábado el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó enviar a instrucción con detención provisional al ex presidente de la República Elías Antonio Saca, así como a sus ex secretarios César Funes, Elmer Charlaix y Julio Rank. Lo mismo ordenó para Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Herrera, tres empleados de Casa Presidencial desde hace años.

Saca está siendo procesado por agrupaciones ilícitas, peculado y lavado de dinero; mientras que el resto es procesado por asociaciones ilícitas, peculado y casosespeciales de lavado de dinero.

Para la juzgadora la condición económica de los incriminados y las altas penas que se les podrían establecer son argumentos para sustentar su decisión. Según la Fiscalía los imputados operaban una estructura al interior de la Presidencia que durante el periodo presidencial 2004-2009 movió 246 millones de dólares a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que luego retiraron 116 millones de dólares en efectivo, de los que lavaron 6 millones.   De ser enviados a un juicio y ser declarados culpables, los acusados pueden recibir penas máximas de cárcel de 12 años por peculado, 18 años por agrupaciones  y 15 por lavado de dinero. Asimismo, el juzgado impuso el embargo de bienes ycuentas bancarias a nombre de los imputados, a fin de garantizar una posible responsabilidad civil en caso de que al final del proceso sea encontrados culpables.

Obviamente, con todo su derecho, la defensa de los imputado apelará ante la Cámara Primero de lo Penal, la que con base a un análisis legal deberá decidir si mantiene o modifica la decisión del juzgado. Así son los   controles jurídicos a efecto de garantizar el debido proceso.

Independientemente de si Saca y los demás sean inocentes o culpables, lo trascendental de este hecho es que en el país nadie está sobre las leyes y que habrá más casos similares, pues la sociedad ya está harta de tanto indicio de corrupción. El mensaje es claro para todos los funcionarios del país. Nadie está por encima de las leyes.Los funcionarios actuales deben poner sus “barbas en remojo” y verse en el espejo de los tres últimos presidentes -Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes- y otros ex funcionarios que fungieron como ministros, secretarios, presidentes o directores de autónomas que fueron o están siendo procesados por delitos relacionados con la corrupción.

Ex alcaldes y actuales alcaldes, así como empleados y funcionarios de cualquier ámbito estatal también deben verse en el espejo de los procesados. En cualquier momento, si han cometido actos de corrupción, el brazo de la justicia los puede alcanzar, porque la ley y la justicia están por sobre privilegios que los cargos permiten temporalmente.

Dice un refrán que “en arca abierta el justo peca” y muchos funcionarios no miden las consecuencias de sus actos y   se dedican a despilfarrar o apoderarse de fondos públicos. Otros abren las arcas para que sean otros los que pequen. El país necesita funcionarios y empleados probos, honestos y honrados, que ejerzan sus cargos con transparencia y que busquen ser servidores públicos y no servirse de lo público. A los malos funcionarios hay que procesarlos y vencerlos en juicio.

La corrupción no es nueva en nuestra nación. Ha habido funcionarios que con toda desfachatez han robado millones. Algunos de estos malos funcionarios ya murieron o se fueron del país. Otros,  por normativa jurídica, están fuera del alcance legal al haber fenecido el tiempo para procesarlos, por lo que se pavonean con lo logrado ilegalmente. Por esto se hace necesario reformar las leyes, para que los delitos relacionados con la corrupción no fenezcan nunca.

Cuando los ciudadanos votamos y endosamos la administración del poder formal a nuestros gobernantes, lo hacemos con la creencia de que estos harán un papel responsable y transparente, pero cuando estos se dedican a robar, no están traicionando y esa es una acción de lesa humanidad. Hasta ahora Saca y el resto de procesados son inocentes porque no han sido vencidos en juicio, pero  este es un caso que debe ser espejo para los funcionarios públicos. Nadie, absolutamente nadie, debe estar sobre la ley.

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