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Editorial & Opinion

Negociaciones de intereses partidarios

Jaime Ramírez Ortega / Consultor legal y de negocios

sábado 22, julio 2017 - 12:00 am

Las negociaciones políticas que se gestan en el seno de la Asamblea Legislativa u otros escenarios de carácter estatal, son importantes para buscar acuerdos que favorezcan a las grandes mayorías y que estos beneficios sean trasladados a todas las familias salvadoreñas sin importar su orientación política, ya que la función pública no debería de obedecer a principios ideológicos, sino a los intereses de toda la nación.

No obstante, en las últimas décadas, la dinámica negociadora se ha circunscrito a la mercadocracia, es decir, a una minoría con hegemonía económica que ejerce el poder de facto sobre todas las instituciones del Estado; por ello las negociaciones de alto nivel que se han producido en el Ejecutivo o Legislativo, no  representan los intereses del pueblo, sino el de esa minoría con poder económico que siempre ha controlado las esferas del Estado, desde la derecha y hoy a través de la izquierda, por lo tanto el poder solo ha sido trasladado.

Pero hablando con franqueza, la mayoría de salvadoreños pasan por desapercibidas todas las negociaciones irregulares que se hacen frente a sus narices con los mismos funcionarios de siempre. Todo ello tiene que ver que El Salvador ha entrado en un adormecimiento profundo, producto de la estrategia de años que han implementado los partidos políticos para robar la voluntad y la moral a millones de adeptos que los defienden a capa y espada, pero que no tienen criterio propio para cuestionar los desatinos que cometen a diario sus cúpulas partidarias y los funcionarios que los representan.

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Entonces, bajo esta dinámica nunca habrá autocrítica que permita renovar estos institutos políticos y menos a que entren en un proceso de democratización que le dé cabida a una nueva generación de políticos que haga las cosas diferentes. Están anclados en el poder como fósiles, que no permiten entrada a nada ni a nadie, excepto a sus allegados más próximos y sus amigos fieles que son capaces de vender el alma al diablo con tal que les den una plaza que, seguramente no será para dirigirla como manda la Constitución, sino para ponerla a disposición de su partido político que los designó ahí.

Es así como negociaron los diputados del FMLN, GANA y dos del PCN, para que el Gobierno tome del ahorro de las pensiones $500 millones, para ello aprobaron subir el techo de préstamo de 45 % a 50 % del FOP. Esto significa que esos $500 millones se suman a los más de $5,700 millones que el Gobierno ha tomado prestado a través de Certificados de Inversión Previsional, todo sin estudio ni discusión previa.


Ahora bien, el Gobierno no ha sido capaz de honrar el dinero que ha tomado prestado de los pensionados, ni en pago de intereses acorde al mercado, ni en la devolución del dinero, al contrario, se ha lucrado con el uso y goce de esa plata, pero los más afectados son los ahorrantes, ya que cada día sus pensiones son miserables, y la rentabilidad menor, producto de los intereses pírricos que paga el Gobierno por tener ese dinero de los pensionados en su poder.

Así lo hizo ARENA y así lo está haciendo el FMLN, todo ello tiene que ver con el problema de insolvencia y falta de liquidez por la que atraviesa el país, lo cual está conectado con la incapacidad de administrar sabiamente los pocos recursos que se tienen, pese a que la capacidad contributiva ha aumentado, debido a los múltiples impuestos que se han incrementado en los últimos ocho años. Es decir, que el gobierno del FMLN es el que más ha percibido ingresos y es el que más ha gastado de forma deliberada.

En consecuencia, era un punto de honor del FMLN, embaucar a otros partidos políticos para que aprobaran en base a negociaciones irregulares la toma de esos $500 millones, producto del sudor, sangre y sacrificio de miles de salvadoreños que han ahorrado ese dinerito, para que ahora de un plumazo se los quitaran. Claro que aquí los más beneficiados serán algunos funcionarios que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito, y parte de la negociación era que también aprobaran las reformas a la Ley de Extinción de Dominio,

se le quitaran los dientes para que no opere con eficacia; pero, además, no tardarán en premiar al partidito naranja con la reelección de los magistrados de la Corte de Cuentas.




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