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OPINIONCreo que no se necesita ser experto ni erudito en economía para descifrar la crisis fiscal que tiene al país por el sendero de la pobreza, que por cierto ya alcanzó el 40 % de la población salvadoreña, lo que implica un déficit fiscal cerca del 4 % que cada día se acrecienta, debido a las malas prácticas administrativas de los recursos públicos, situación que aún no entienden los funcionarios que hacen uso abusivo de los bienes fiscales.

El gasto corriente indiscriminado y la falta de capacidad para generar inversión local y extranjera que conlleve a un crecimiento económico sostenible, han provocado que El Salvador haya caído en insolvencia, dado que no se tienen los recursos económicos para hacerle frente a la deuda pública actual. Es decir, que para salir de la crisis se necesita un milagro, ya que en estos momentos se debe de cancelar alrededor de $1,300 millones a los acreedores, representados mayoritariamente por organismos internacionales.

Pero el problema no es la insolvencia, dado que con malabares y argucia política se puede solventar, tal como lo ejecutaban los gobiernos de ARENA en el pasado y prueba de ello fue la aprobación, en el año 2006, de la “Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales” por 46 votos de los 84 diputados, ya que el FMLN y Centro Democrático, votaron en contra. El objetivo de esa ley era materializar la confiscación de $400 millones, destinados al pago de pensiones y liberar así al presupuesto gubernamental de tal obligación.

En esa ocasión, los diputados del FMLN que votaron en contra de la “Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales” tenían claridad de la flagrante violación de los preceptos constitucionales. Tanto así que en 2007, los entonces legisladores Salvador Sánchez Cerén y Héctor Dada, solicitaron se declarara inconstitucional el fideicomiso creado para financiar la deuda de las pensiones.

No obstante, la Sala de lo Constitucional inadmitió el proceso y no entró a conocer a fondo, porque el proyecto presentado no cumplía los requisitos, ya que los actores no daban pormenores de los artículos de la Ley del Fideicomiso en los que se generaba la vulneración a la Constitución. En consecuencia, el FMLN tenía honor y decencia en la defensa de los intereses de la población menos favorecida.

De manera que se vuelve paradójico que aquellos diputados del FMLN que defendían la Constitución con decencia ahora son los promotores del sistema mixto de pensiones, cuyo objetivo no es el bienestar de los pensionados o volver más rentable el dinero de los pensionados a través de la participación en la Bolsa de Valores que permita obtener a los derechohabientes una mayor pensión, sino justamente todo lo contrario: confiscar alrededor de $4,000 millones, para hacerle frente a la deuda pública de corto plazo.

Y es aquí donde estriba el mayor problema financiero de El Salvador, ya que se ha caído en insolvencia, o sea, que no se tiene dinero a futuro para honrar los compromisos que se han adquirido previamente, lo cual imposibilita que nos otorguen nuevos créditos internacionales, debido a la falta de pago, excepto que se hagan los ajustes fiscales por medio de la creación de una ley de responsabilidad fiscal.

Pero como se ha evadido el tema de la responsabilidad fiscal desde hace mucho tiempo atrás, el FMLN ve como único camino para salir del problema de déficit fiscal, la confiscación de las pensiones a través del nuevo sistema mixto propuesto. En lo particular no soy del criterio de la búsqueda de culpables del porqué El Salvador está en la peor crisis financiera de su historia.

Creo que si apartamos el tema ideológico y nos unimos seremos más fuertes para enfrentar la crisis de forma conjunta. Por ello le propongo al señor presidente Sánchez Cerén que convoque a la empresa privada, fuerzas vivas, intelectuales y a cinco rectores para que lideren la agenda de nación que nos permita construir acuerdos nacionales plurales a corto, mediano y a largo plazo para salir de la crisis fiscal.

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