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OPINION

Para planificadores y metodólogos, las crisis como fenómenos de ruptura son oportunidades que bajo un debido método y tratamiento, y adecuadamente diagnosticadas, constituyen al final un motor de progreso y calidad. Es este proceso de cambio constante el que caracteriza la continuidad del desarrollo. Este mismo concepto, puesto de manera optimista en el imaginario popular, se traduce en la frase  “no hay mal que por bien no  venga”.

La  crisis fiscal que enfrentamos -coincidente en su alcance coyuntural y celeridad artificiosa, sin que ello reste mérito y seriedad de su gravedad-, conceptualmente es la falta de liquidez de la caja única del tesoro público por la falta de ingresos, debido a la excesiva evasión y elusión fiscal y la falta de acuerdos políticos, agravada con las conocidas resoluciones de Sala bajo la polarización que caracteriza al debate mediático como si todo fuera blanco o negro.

Para la ciudadanía es ininteligible la comprensión global de las finanzas públicas, este proceso que vivimos cada vez nos obliga más a alfabetizarnos en el dominio general de temas económicos, fiscales y previsionales. Sin embargo, para muchos es claro que, en gran medida, “estos polvos son causados por aquellos vientos” de las decisiones que en materia financiera tomaron los cuatro gobiernos anteriores a esta nueva era del cambio.

Indiscutiblemente el país urge un acuerdo fiscal que resuelva a la brevedad la falta de liquidez para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Deben proveerse normas de responsabilidad que den marco al manejo transparente y austero que ya se da a los recursos públicos; materializar el principio de pagar más quien tiene más y en virtud de ello incluir sin medias tintas medidas concretas para superar la evasión y elusión fiscal, nuevos ingresos progresivos como el impuesto al patrimonio neto -tal cual operaba hasta antes de abril de 1994 cuando fue derogado- o la aprobación de un impuesto predial orientado al fortalecimiento municipal. Además, debe aprobarse una reforma integral del sistema de pensiones, con alcances sostenibles y justeza de los fondos de jubilación.

El Estado debe incrementar sus ingresos para cumplir con sus obligaciones y con ello todos debemos contribuir; por lo tanto, debe ser tarea, hasta donde corresponda, ampliar la base tributaria incorporando aquellos sectores informales que deban y puedan hacerlo, promover la participación ciudadana en defensa de su propio interés, exigiendo la factura que por ley todo comercio y servicio debe extender y activar a la ciudadanía en la fiscalización del buen uso de los recursos públicos.

Otro factor en el que como sociedad tenemos mucho por hacer es acabar de comprender, en todas sus dimensiones, la compleja situación de seguridad pública que enfrentamos y vivimos día a día, vivencia que genera mayor conciencia de su gravedad y urgente solución. Necesitamos profundizar más en los orígenes y alcances socioculturales, históricos, económicos, psicológicos de la inseguridad, violencia y criminalidad como fenómenos; no obstante, poco a poco enfrentamos y vamos superando esta condición, aunque sabemos y hemos visualizado una larga y compleja batalla por sus mismas causas.

A partir del esfuerzo por el consenso, los planes y la unidad nacional, se construye el rumbo que no tiene más alternativa que el avance firme en el debilitamiento económico y orgánico de las estructuras criminales; más allá del desencanto de plumíferos que ven en el dolor causado por la criminalidad el artero espacio de lucir su vanidad, colocando al mejor interesado sus historias apocalípticas, que esconden sus sueños frustrados de ver en los crímenes de las pandillas la cobertura y apología de la guerra que no vivieron.

La realidad nos impone el análisis sistémico de la estrategia a seguir, articulando la agenda social, la seguridad pública, priorizando la integralidad del progreso económico con justicia social para superar la extrema pobreza y la inclusión, así como el ámbito de responsabilidad de cada sector y parte del proceso.

La madre de las batallas deberá librarse para alcanzar una mayor reactivación productiva que permita un mayor crecimiento económico que contribuya al fortalecimiento tributario y compense el impacto de las medidas de ajuste fiscal sobre el PIB. Esto implica continuar avanzando en la ruta del desarrollo económico sostenido y equitativo, orientado principalmente a la generación de empleos, reducción de la extrema pobreza, la desigualdad y la marginación social.

Entonces, es indispensable mantener y profundizar los programas sociales, procurar el incremento de la inversión, promover más un amplio mercado de capitales y apostar con firmeza al fortalecimiento de una banca de desarrollo que estimule la productividad e inclusión financiera, principalmente en aquellos sectores que demuestren capacidad y potencialidad de diversificar exportaciones, en la que la micro y pequeña empresa aportan de manera indiscutible.

Además, debe maximizarse el apoyo al crecimiento de la industria manufacturera, potenciar la agroindustria, el turismo y los servicios logísticos. Será crucial para lograr estos objetivos la reforma y ampliación de la Ley de Asocios Público Privados que permita identificar con precisión las áreas del Estado donde se abran espacios a la inversión privada. La fórmula puede funcionar, todo está en querer hacerlo y hacerlo juntos porque después de cada noche siempre saldrá el sol.

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