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El Gobierno central puso en acción, desde ayer, una fuerza policial y militar especializada, y tal vez más idónea, para hacer cumplir la ley en el combate a la delincuencia. Sea como fuere de excepcional o extraordinario, apropiado o diferenciado, lo propone dentro de un plan de prevención, de irrupción urgente y de acción humanitaria para sanear penales y comunidades aledañas, perseguir a los principales cabecillas, poner orden en materia de telefonía celular, y reparar la inteligencia estatal para la persecución efectiva del delito, a la que debe sumarse la judicatura.

Con más o menos visibilidad, aseguran que lo hacen por el respeto a la dignidad humana mancillada a manos de una criminalidad desatada –asegurando la vigencia de los tratados internacionales a respetar– y por el compromiso presidencial con los derechos humanos del pueblo, los cuales se ha impuesto proteger y garantizar. Esta iniciativa nacional tiene también el propósito de generar efectos comunitarios, a modo de restablecer la confianza y la convivencia ciudadana. Tales garantías son aún más ineludibles cada vez que asesinan a escolares y a gente dedicada al magisterio, tal como se viene presentando e imperando en el país, hasta convertirse en “estado de conmoción escolar”.

Pero para hacer realidad la utopía de un El Salvador seguro, educado y amable con su gente e implacable con quienes la atormentan, se necesitan más recursos y mucha más participación comunitaria: “Sin comunidad no hay plan que valga para la seguridad humana”, ha dicho siempre el Comisionado Presidencial para la Seguridad, Hato Hasbún. Es lo mismo con el planteamiento que emprende el Ministerio de Educación (Mined): darle más valor a la dirección departamental y a la del plantel educativo entre la comunidad de cada municipio y cada cantón en todo el país, donde hay más de 5,200 escuelas. Algunas de éstas, muchas quizás, muy damnificadas por una violencia que hasta al consejo escolar de la localidad le exige la susodicha “renta” por las partidas oficiales presupuestadas para el desarrollo de su labor.

El “estado de conmoción escolar” pasa inadvertido para muchos sectores del país y esa insensibilidad con el ámbito educativo es ya inocultable, perversa y riesgosa –sin más– para el entorno vital del desarrollo humano de la niñez, la adolescencia y la juventud. Lo que le hace mucho daño al presente y al futuro de El Salvador es no decir nada ante la muerte del maestro que en San Francisco Menéndez, la mañana del 5 de abril pasado, fue acribillado por pandilleros al momento de abrir la escuela. Fue ejecutado ante la mirada desconcertada de su pequeño hijo. Lo condenaron a muerte por impedir que las pandillas y mafias reclutaran a sus escolares.

Y nos quedamos impávidos ante tanta violencia que golpea a la comunidad educativa, sabiendo que estamos perdiendo la niñez, la adolescencia y la población más joven; el derecho a la educación está siendo lacerado por las heridas de una violencia en la cual niñas, niños, adolescentes y jóvenes van a clase con miedo. Infortunadamente, ya se acostumbraron –día a día– a caminar escurriendo temor. Son víctimas potenciales transitando entre víctimas mortales.

Ahí está la mayor y más grave crisis que hoy abruma y conmueve a la comunidad educativa. No solo es un problema del Mined; semejante desafío debe asumirlo, más bien, el Consejo Nacional de Educación (Coned) con la debida firmeza ética y la total autoridad moral. La situación causada por el creciente asedio criminal contra el sistema escolar y la comunidad educativa es, sin reparos, el principal reto de la agenda del Coned para que la escuela no se siga deteriorando y para que el estudiantado no siga desertando.

Hay que estabilizar la seguridad del alumnado en la escuela y proteger los derechos humanos del magisterio; hay que hacerlo con planificación eficaz, inteligente y audaz, de manera que el Coned tome pronto y a cabalidad el liderazgo que le corresponde. Hay que recuperar y volver vigente el llamamiento proclamado por el beato Óscar Romero, aquel 23 de marzo de 1980 en la víspera de su martirio: “Dejen la escuela en paz; no maten más niños y niñas, ni maestros; no pueden asesinar a escolares impunemente”.

El Coned, a un año de su creación, puede y debe: a. respaldar la aprobación de medidas diferenciadas y de carácter humanitario; b. hacer un balance y un mapeo de las situaciones de fuerza mayor que asedian a escuelas damnificadas por la violencia; c. generar más acción funcional en la protección de los derechos humanos dentro de los centros educativos, sin evadir la realidad a partir del reconocimiento de la dimensión del problema y del deterioro humano causado que impide la tranquilidad y la convivencia; y d. proponer dos o tres lineamientos de coordinación, orientación y articulación efectiva con las medidas propuestas por la comisión presidencial y el Plan “El Salvador Seguro”.

Pocos individuos merecen mayor repulsa social y desprecio general que estos mafiosos, gatilleros y pandilleros que asesinan escolares, violan niñas y matan gente de entre el profesorado. Criminales que, con seguridad, sin cargo de conciencia alguno están matando la educación e hipotecando desde hace buen rato el futuro nacional y la paz. Para conseguirla, pues, hay que trabajar con mucha templanza y sin eludir la responsabilidad de cada quien perteneciente al Coned. Demasiado poco, sin duda, puede hacer ante el fenómeno real. Pero el Coned puede mostrarse plenamente de acuerdo con la legislación del 2 de abril pasado pronunciando –convencido y contundente– un rotundo llamamiento convocante: “No matar más escolares, maestras y maestros en El Salvador”.

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