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OPINIONCuando el presidente Sánchez Cerén y el presidente de ARENA se dieron un apretón de manos luego de llegar a un primer acuerdo en materia fiscal, El Salvador suspiró certidumbre. Sin embargo, la parte más compleja del acuerdo es la que se deberá negociar a partir de ahora, pues en la Ley de Responsabilidad Fiscal para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas y el Desarrollo Social se establece que en los próximos tres años el déficit fiscal deberá reducirse en 3 % del PIB, vía reducciones en gastos y aumentos en ingresos; pero no dice cuánto, cómo y cuáles.

Las decisiones que se adopten afectarán a toda la sociedad. Empero, los grupos tradicionales sugieren a la ciudadanía resignación, ya que sus premoniciones apuntan a que el ajuste fiscal será doloroso, con discursos que hacen sentir que estamos en una época en la que los derechos de las variables económicas parecen ser más importantes que los de las personas. Pero, esto no tiene por qué ser así, al contrario, hoy están las condiciones dadas para iniciar con los cambios estructurales requeridos para empezar a construir un Estado de bienestar, uno en el que garantizar igualdad de oportunidades para sus ciudadanos sea la prioridad.

Los primeros cambios que se adopten deberían reflejarse en el presupuesto para 2017, para el que no vale la premisa de sanear las finanzas públicas a cualquier costo. Hasta ahora, el proyecto de presupuesto realizado bajo un enfoque de «austeridad» haría que el gasto social retroceda a los niveles previos a 2010 y que se invierta sólo cuatro centavos más por cada niño, niña y adolescente de lo que destinó en 2015, incremento que se desvanece cuando se resta el efecto de la inflación; todo esto en un contexto en el que las condiciones sociales han empeorado.

Los problemas en el gasto público no están en el monto (para 2017, el tamaño del gobierno central sería de 16.3 % del PIB, muy por debajo del promedio mundial de 33 %), sino en la falta de evaluación de su eficiencia, efectividad, calidad y transparencia. No es posible que sigamos sin contar con un presupuesto por resultados, con el que la ciudadanía conozca las metas a alcanzar y los resultados que se logran con los impuestos que paga. Además, hay rubros que deben ser eliminados, como el de seguros privados para funcionarios y empleados públicos que, aunque no representan grandes proporciones del presupuesto, no tienen justificación y su eliminación sería un mensaje importante para la ciudadanía.

Por el lado de los ingresos no se debe permitir que se modifiquen impuestos que afectarían más a quienes menos tienen, como es el caso de IVA, so pretexto de que es un impuesto más fácil de recaudar. Especialmente cuando en su Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Ministerio de Hacienda muestra cómo en El Salvador, los trabajadores pagan una tasa efectiva de ISR de 10.8 % mientras que las empresas solo de 2.5 %. Pero eso no es todo, el 10 % de las empresas con menos ingresos paga un 4.5 % de ISR, mientras que el 10 % con más ingresos solo 2.5 %. ¡En El Salvador el ISR para empresas es regresivo! Esto, debido a la cantidad de exoneraciones y la debilidad de la Dirección General de Impuestos Internos. Los trabajadores y empresarios honestos, que pagan sus impuestos como corresponden, deben ser los primeros en exigir que esto cambie: la simplicidad del sistema tributario es deseable, pero no debe sustituir criterios básicos de justicia fiscal.

Es evidente entonces que hay opciones para lograr un acuerdo que le devuelva a la política fiscal su espíritu: ser una herramienta para la democracia y el desarrollo. Pero esto solo será posible, si los próximos acuerdos dejan de ser a puerta cerrada y se permita que voces diversas de la sociedad salvadoreña puedan participar en la construcción de un acuerdo fiscal que ponga en el centro los derechos de las personas, en el que no tengamos que resignarnos únicamente a sobrevivir.

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