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a Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, CICIG, es una entidad instalada en aquel país, bajo el patrocinio de Naciones Unidas y con carácter diplomático, para investigar la corrupción que existe en el gobierno, y que ha dado excelentes resultados preliminares, como la renuncia de la vicepresidenta de la hermana república, y la separación de cargos de varios ministros y otros funcionarios, y hasta el encarcelamiento del yerno del Presidente de la República.

En el Salvador ya habíamos sentido el ácido de esa terrible corrupción cuando fueron asesinados tres diputados que se dirigían al Parlacen, y tuvieron la triste suerte de ser asesinados por elementos del gobierno. Ese caso fue apenas un hilo que llevó las pistas hasta el propio Director de la Policía Nacional y el Ministro de Gobernación de aquel país, quienes huyeron de Guatemala, pero fueron capturados en el extranjero, juzgados y finalmente castigados con cárcel que cumplen en el exterior. Sin embargo, tan excepcional caso no ha sido suficiente para ejemplarizar en el pueblo, la corrupción se repite en el presente, salpicando a un fuerte número de funcionarios de aquel país.

Regresando a El Salvador, nos ha sorprendido mucho que de primas a primeras, el gobierno del FMLN o por lo menos algún alto elemento del partido o del gobierno, haya declarado que en El Salvador no cabe la posibilidad de que una comisión de tan alto rango, venga a funcionar, pese a la gran efectividad demostrada en el vecino país.

La  CICIES, o sea, la versión salvadoreña de tal instrumento, que desea ser abortada prematuramente, podría poner en tensión a más de algún funcionario que no haya entendido que la intención del nuevo gobierno y la base de su campaña electoral ha sido promover un cambio. Desde luego que un cambio se puede interpretar ampliamente: para mejorar o para empeorar.

El cambio que se realiza para llevar a El Salvador al Socialismo, es rechazado casi por la mitad de la población, pero un cambio hacia la honradez de los gobernantes, ese sí ha de ser aprobado por la totalidad de la misma. Quien o quienes no desean una comisión que investigue la impunidad -por lo menos de los hechos actuales- tiene que tener una razón valedera, porque investigar sucesos que ya no tienen relevancia no tiene razón de ser. Una CICIES tendría tanto trabajo acá, que necesitaría gran cantidad y calidad de personal. En cuanto al tema de si sería inconstitucional, habría que plantear el caso cuando ya estuviera la comisión funcionando, aunque el Art. 8 de la Constitución nos aclara al decir: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley  no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe” ¿A qué le teme entonces quien no quiere una CICIES ? ¿Y qué tiene que ocultar éste o cualquier otro gobierno a una o cien CICIES?

Es sencillamente preocupante la actitud de quien demuestra temor a una comisión que pretende investigar la corrupción. La corrupción ha sido catalogada como el peor veneno social de nuestros tiempos y al evitarla o combatirla, estamos haciendo obra social. Ese monstruo  de mil cabezas, debe desaparecer lo más pronto posible  de la faz de la tierra, y con ella los corruptos y corruptores. Recordemos aquella frase “Detrás de cada corrupto hay un corruptor”.

El caso de la corrupción es algo que políticamente no tiene ideología y podría, y debería combatirse por cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda. Queremos una CICIES en El Salvador que sea eficaz, sana, limpia y transparente, que sea garantía de la actividad gubernamental, valga lo que valga. Y las sanciones para los corruptos deben ser penas fuertes y agregarles la condición de imprescriptibilidad. Solo de esa forma podremos buscar una salida a tan grave problema.

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