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En 1987, el Informe Brundtland, establecía por primera vez que “el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. En palabras de mi madre, el desarrollo sería que mis hermanos y yo, vivamos en mejores condiciones que las que vivió ella.

Esta idea de desarrollo trae implícito abandonar el individualismo a costa de lo que sea y empezar a construir una sociedad con sentido de la colectividad; es decir, reconocer que, si mi vecino, mi amigo, mi familiar o mi semejante están bien, eso propiciará las condiciones para que yo también lo esté. Pero, además, implica alejarse del cortoplacismo en el que actualmente se vive y se empiece por adoptar medidas con visión de largo plazo.

Un ejemplo de ello es la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional sobre el Sitramss, más allá de coincidir con el voto razonado del Presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconveniencia de la medida cautelar, en un Estado de derecho la sentencia se debe cumplir. Por lo tanto, quedarnos enfrascados discutiendo sobre si el carril segregado es de izquierdas o derechas, no abona a esa búsqueda del desarrollo.

Lo evidente es que, bajo una visión de desarrollo, el transporte público es la única opción sostenible para la movilidad de las personas; por lo tanto, es fundamental superar esta resolución y construir una política de Estado que garantice un transporte público –incluso mediante una empresa pública– moderno, seguro, ordenado y transparente.

Otro ejemplo es la discusión sobre si la respuesta adecuada para el tema de seguridad es entregarles armas a las comunidades para que se defiendan. Evidentemente en una visión de desarrollo, esto sería irracional, pues la única manera de garantizar una seguridad en el largo plazo, no es matándonos sino construyendo las condiciones que permitan a las personas no delinquir. Lo que implica apostarle a la prevención; es decir, educación, cultura, deporte, generación de empleos dignos. Algo que no se hace de la noche a la mañana.

Ambos ejemplos muestran cómo en el país es fundamental transitar hacia políticas de Estado; es decir, políticas públicas que vayan más allá del actuar del Gobierno de turno. Políticas que no estén sostenidas en la coyuntura, sino que tengan un propósito de largo aliento. Obviamente esto pasa por tener la claridad hacia dónde dirigirnos, y a partir de ahí dar los pasos correctos para alcanzar el objetivo propuesto.

Sin embargo, hasta ahora lo que se ha tenido en la práctica es que las decisiones de políticas públicas han respondido más a intereses particulares, o al “no teníamos otra opción”, que a una verdadera visión de Estado. Basta recordar cómo se tomaron las decisiones trascendentales en el país como la dolarización, las privatizaciones o el debilitamiento del Estado, demuestran que, si bien no somos un país especializado en cinematografía, sí tenemos experiencia en escribir guiones para películas acordes a las mejores tragicomedias.

Y el tema fiscal no es la excepción. Escuchar a los voceros del Gobierno, de los partidos políticos, de los organismos financieros o incluso a organizaciones de sociedad civil sobre las medidas a adoptar dan cuenta, que en el mejor de los casos les importa el ahora. Pero siguen sin ser capaces de asimilar que la construcción de acuerdo fiscal con las características de progresividad, suficiencia y transparencia es lo que nos permitiría corregir los errores del pasado, ofrecerles mejores condiciones de vida a las actuales generaciones y sentar las bases para el desarrollo del país. Aunque todo esto siga sonando a utopía, en un mercado en el que los tomadores de decisión –y quienes los empujan a hacerlo- sigan simplificando a un problema de despilfarro o anteponiendo el déficit fiscal sobre las personas; yo seguiré creyendo, como mi madre, que lo que debemos construir es un país donde nuestros hijos vivan en mejores condiciones que nosotros.



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