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Sí, una vez más, la Sala de lo Constitucional interviene y suspende la ley de probidad recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa y el presidente Salvador Sánchez Cerén; tiene que ser la Sala, porque no solo es una entidad en la que se puede confiar sino porque constitucionalmente ese es su trabajo.

La Sala dentro de los frenos y contrapesos del Estado juega un papel único e importante como es cuidar los derechos fundamentales de cada persona y los derechos contemplados en la Constitución como ley primaria, a ella acuden como última instancia los ciudadanos cuando sus derechos son violentados y cuando el poder del Estado actúa contra los principios que fundamentan la sociedad salvadoreña; ese papel es el freno que al final detiene los atropellos o los deseos de construcción de un poder absoluto.

Si revisamos el proceso, la Asamblea Legislativa crea y modifica las leyes, las cuales afectan a cada persona, sus relaciones, sus acciones y sus intereses económicos; como contrapeso, la Constitución dice que el Presidente de la República puede vetar, es decir, negar que esa ley sea aplicada, puede también observarla, o sea, hacerle mejoras o comentarios y devolverla a la Asamblea o puede bien sancionarla, aprobarla; este es uno de los mecanismos de freno y contrapesos entre el Legislativo y el Judicial, también puede la Asamblea, al recibir un veto presidencial, superarlo con votación de mayoría calificada y si es superado el veto la ley se aprueba, pero si todo eso falla, si hay un poder que actuando al unísono quiere imponerse, entonces el sistema le da oportunidad al ciudadano de acudir a la Sala de lo Constitucional, donde puede definirse si la ley aplica o no o si cumple o no con las normas constitucionales y puede aplicarse.

La democracia es eso, un sistema donde existen poderes, pero no absolutos; poderes para negociar y para acordar; lo más alto que puede aspirar un poder en la democracia es al del consenso, donde se logra entendimiento, alguien siempre cede y otro comprende para dar paso a una mejor decisión, la que mejor venga para todos.

Cuando el FMLN ataca a la Sala de lo Constitucional, porque está frenando las leyes que aprueba en el Legislativo, no está frenando ningún desarrollo, está frenando el proceder voluntario o involuntario que daña los intereses y derechos de la persona, del ciudadano que paga sus impuestos y que por tanto tiene derecho a decir no, a decir esto no me gusta y detenerlo; cuando el FMLN ataca a la Sala está atacando a la misma población que ha encontrado quien la defienda.

Nuevamente tiene que ser la Sala, la que venga a poner alto y orden a las decisiones y si no nos gusta eso, la preocupación de la Asamblea debería ser aprobar leyes con más rigor constitucional y con mejor conexión con la población, que para el caso no está dispuesta a seguir viendo a los funcionarios engordar con el dinero de los impuestos.

La población ya tiene conciencia de que la política se ha convertido en El Salvador en un negocio de unos cuantos, que bajo la bandera partidaria roban, abusan, ganan negocios y se convierten en millonarios amparados al derecho de “hacer esa política” por lo mismo es que la sociedad reclama un alto a esto con una mejor ley de probidad.

La Sala de lo Constitucional hoy y siempre deberá constituirse en ese último eslabón de la cadena de protección al ciudadano, por ello debe contar con lo mejor de nuestras conciencias y lo mejor de nuestros ciudadanos, porque debe respaldar al ciudadano y no al gobierno de turno, para que el sistema funcione.

El FMLN parece que olvidó que el pueblo sí tiene quien le defienda y que eso debe respetarse, si ellos defienden la corrupción que paguen el costo político, pero el pueblo ya está harto de pagar el costo y para el caso doblemente cuando la corrupción encuentra aliados dentro de los mismos que deberían combatirla.

 

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