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Editorial & Opinion

Otro intento más…

Rafael Domínguez / Periodista

miércoles 14, febrero 2018 - 12:00 am

Ojalá y sea el último y el país pueda lograr una ley de la función pública que devuelva el orden y funcionamiento correcto a la administración pública, una ley que permita contratar, pagar adecuadamente, evaluar, capacitar y despedir empleados que no llenen la expectativa del servicio público.

Estamos hablando de un orden por ahora trastocado en la historia, ya que por hoy son los partidos, los funcionarios de más alto rango y los sindicatos los que controlan la contratación y operación de la administración, eso no debería ser así, ya que no votamos para establecer un orden administrativo sino para continuarlo y utilizarlo en el logro de los objetivos que cada funcionario electo públicamente ha prometido en su campaña.

En los países medianamente desarrollados ya se hace una diferencia entre ganar una elección y querer convertirse en el mandamás de toda la administración pública, esa diferencia es una ley que establece cómo, quién y bajo qué condiciones una persona se contrata en las oficinas de gobierno, se le dan los salarios controlados bajo régimen de operatividad y se le garantizan todos los derechos de una manera general, igualitaria y convencidos en que la administración pública no tiene que cambiar solo porque hay un cambio de ministro, presidente o alcalde, esos cargos no incluyen convertirse en los nuevos patronos sino en los nuevos administradores de un sistema que ya está funcionando y establecido en función de las necesidades de la gente y no del cargo.

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Mejorar el servicio público muchas veces lo relacionamos al electo en la campaña y no nos percatamos que no es así, que a la hora de la administración hay niveles y sujetos, organizados o no, que controlan lo que se hace y se deja de hacer en las oficinas de gobierno, de tal manera que un funcionario en más de alguna ocasión sucumbe a la presión de esos trabajadores y cede porque no tiene como ejercer control ya que no hay ley que se respete o una línea operativa garantizada por ley.

Sin duda ser un funcionario público es un derecho y además un trabajo digno, pero debe dignificarse no por el sindicato al que se pertenece sino por la calidad de servicio que presta al ciudadano, por hoy en nuestro país, ser funcionario público es sinónimo de oportunidad, de premio y ganga para una vida más fácil, con contratos leoninos que atentan contra el derecho del patrono en este caso el ciudadano que paga sus impuestos y con ellos se paga el presupuesto y plazas públicas, porque es casi imposible un despido y mucho menos una evaluación, no se puede soñar con servidores escalafonados y graduados en niveles de calidad porque el escalafón solo es un tema salarial.


Necesitamos una ley de la función pública urgentemente, para que no existan los sobresueldos, las contrataciones de asesores inventadas y con salarios desproporcionados. Necesitamos una ley de la función pública para saber que tenemos buenos servidores, capacitados y experimentados que vale la pena sostener y mejorar en el tiempo, porque manejan la cosa pública, nuestros recursos.

Ayer estuve en la conferencia de prensa organizada por el grupo impulsor de la ley de la función pública y esta fue grotesca y malcriadamente interrumpida por los sindicalistas del Ministerio de Hacienda, lo que demuestra que no hay respeto ni para el cargo porque estaban fuera de su trabajo en horario laboral, ni a la ciudadanía que paga sus sueldos porque quieren y hacen lo que les da la gana, exigiendo sin control y no dando con responsabilidad lo que tienen que hacer, qué jefe podría controlar esos trabajadores? uno que tenga la ley de su lado y pueda poner orden.

Es necesario sumar al basta ya ciudadano, el desorden administrativo y debemos exigir a los diputados actuales y los que quieren llegar, que aprueben la ley, que discutan la necesidad de ordenar la administración y que se piense en que no podemos seguir haciendo feria de lo que no les cuesta.




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