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OPINIONEstamos en medio de una vorágine jurídica, donde los allanamientos de casas no parecen tener fin, se busca ubicar, fijar e incautar evidencias relacionadas a los delitos de corrupción, simultáneamente a la investigación, que pretende probar el cometimiento de varios delitos, se dan a conocer fotografías de hallazgos en las propiedades intervenidas, que revelan un estilo de vida fastuoso, chocante, extravagante, que no corresponde con la visión “que mantiene el partido de gobierno sobre la austeridad en sus funcionarios y militantes”.

Se entiende por juicio paralelo el conjunto de opiniones que se hacen en las redes sociales y los medios de comunicación social acerca de un hecho sometido a investigación judicial. En forma paralela a la acción jurídica a través de diferentes recursos comunicativos múltiples actores políticos y sociales hacen valoraciones negativas acerca de las personas implicadas en el cometimiento de un delito utilizando la información que deriva del proceso judicial.

“La justicia retributiva es la que existe en la justicia penal, y se fundamenta en dar un mal por otro mal, retribuir al delincuente con un castigo, es decir, con la pena, en especial la de privación de la libertad por el mal causado a la víctima con el delito. Es el legislador quien mide el castigo que el criminal debe compensar, sobre toda a la sociedad, por lo que el infractor hizo a un miembro de la comunidad”. En esta justicia el delito es un problema entre el Estado y el delincuente.

En la justicia paralela la opinión pública ejerce el papel de juez, fiscal y abogado defensor, según el caso y un ciudadano independientemente que sea oído y vencido en un juicio, puede ser condenado y lo que sigue es la muerte civil.

Durante una entrevista en Nicaragua, el expresidente de la República, Mauricio Funes detalló que pidió asilo porque: “Hoy enfrento un proceso judicial que es más que todo persecución política que ARENA busca para mi muerte civil”.

Realmente no es exacto hablar de muerte civil. La muerte civil consiste, en la pérdida de los derechos civiles. Supone la supresión para una persona de su personalidad jurídica, que importa la privación general de sus derechos. La persona deja de ser considerada viva a efectos jurídicos, aun mucho antes de su muerte real. Es considerada una ficción jurídica.

Aunque últimamente se habla de muerte civil para corruptos. Un proyecto de ley en Perú, plantea “muerte civil” para políticos que cometan estos delitos. El proyecto pretende que toda persona sentenciada por corrupción quede inhabilitada para trabajar en un cargo público. De acuerdo con periódicos peruanos, los representantes de diversos partidos de la nueva legislatura 2016-2021 se muestran a favor de impulsar y aprobar una nueva ley.

No es poca cosa lo que espera a los corruptos en Perú de aprobarse este proyecto de ley, los sentenciados por corrupción, no podrían ejercer ninguna acción civil, como obtener préstamos o firmar contratos públicos privados, hasta cancelar la totalidad de la reparación civil al Estado y se inscribirían además en las centrales de riesgo, de tal manera que no puedan realizar transacciones bancarias, hasta cumplir con sus obligaciones.

Muerte social es el término más adecuado para los indiciados en un juicio paralelo. Se enfrenta a la muerte social una persona, cuando está condenada a vivir con el estigma y la discriminación de ser considerado corrupto, las personas sufren a causa de sus delitos un alejamiento de la sociedad que los declara de alguna manera inservibles para la misma, o invisibles.

Estamos en un momento crucial de la vida nacional. Las dos justicias corren paralelas. La justicia retributiva es lenta y llena de complicaciones. Horrorizados asistimos a una impartición de justicia ordinaria llena de vicios y defectos. La justicia paralela es casi inmediata: un político puede caer del cielo al suelo en un abrir y cerrar de ojos y su dorada vida convertirse en una pesadilla terrorífica. Ya no son valorados, ni apreciados.

Nada será como antes para aquellos funcionarios públicos, que durante muchos años, desde los puestos de gobierno, hicieron uso ilegítimo de información privilegiada para hacerse millonarios basados en el peculado, negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Sufrirán todo el peso de la justicia retributiva o en su defecto la implacable justicia paralela o de ambas.

La lucha contra la corrupción ha comenzado y la vida esplendorosa llena de grandezas para los corruptos ha terminado. Por el bien del país, hay que afirmar y decretar que: Así es y así será.



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