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En una resolución emitida el lunes recién pasado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró a las pandillas MS y 18 como “grupos terroristas”. Vivimos un momento decisivo de la vida nacional y con la resolución de la Corte se produce un quiebre. A partir del lunes, hay un antes y un después en la situación del país, que significa riegos y consecuencias que se deben afrontar; aunque es muy temprano para valorar en toda su dimensión el significado de la resolución, se deben tomar medidas de inmediato.

Sin dejarse aconsejar por los temores, la resolución de la Corte le impone al Estado salvadoreño la necesidad de contar con una adecuada gestión de riesgos, hay que administrar el conflicto con sumo cuidado. Una sólida gestión del riesgo exige la identificación y el análisis de los peligros presentes en una resolución de esta envergadura y la eficaz aplicación de políticas y procedimientos acordes con los problemas identificados. Al realizar un análisis integral del riesgo país se deberán considerar los factores de peligro, para determinar las medidas que se aplicarán.

En una circunstancia tan delicada como la que vivimos, la primera línea de defensa para administrar los riesgos en la aplicación de la resolución de la Corte es identificar y controlar los peligros que esta nueva situación tiene para la población en general, y asegurarles a los salvadoreños el derecho a la vida y su integridad personal. Las autoridades encargadas de aplicar la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo deben tener por escrito una descripción clara de las obligaciones y de las instrucciones que deben seguir, así como orientaciones para que la actividad antiterrorista cumpla con regulaciones. Deberán existir procedimientos para detectar y denunciar los abusos en la aplicación de la ley.

El comisionado presidencial para la Seguridad y el ministro de Justicia y Seguridad deberán hacerse responsables de un seguimiento continuo del cumplimiento adecuado de la ley y de todas las obligaciones derivadas de la resolución de la Corte. Esto implica la verificación cotidiana del cumplimiento de la normativa y un examen de los informes de abusos denunciados y la aplicación de medidas correctivas si se considera que el organismo auxiliar de la justicia y la Fuerza Armada no están aplicando correctamente los procedimientos que la ley señala.

El control ciudadano es la tercera línea de defensa, para gestionar los riesgos que conlleva el cumplimiento de la resolución de la Sala de lo Constitucional. La contraloría social desempeña una función importante al evaluar de forma independiente la gestión y los controles del riesgo que el gobierno está aplicando, exigiendo a los funcionarios transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo. La población en general, debe movilizarse para hacer que tengan vigencia sus derechos y no existan abusos, arbitrariedades ni discrecionalidad en la aplicación de la ley. Hoy más que nunca El Salvador necesita de una sociedad civil activa, decidida, valiente y que creativamente aporte a la solución de los problemas nacionales.

Hoy el principal desafío de las autoridades que aplicarán la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo es demostrar que dicha ley es una herramienta efectiva para condenar y prevenir que el accionar de las pandillas continúe desbordándose.

Es indispensable evitar la tentación de dar respuestas que den la imagen de  soluciones inmediatas a una población evidentemente preocupada y deseosa de acción rápida; no se debe aplicar una medicina que resulte peor que la enfermedad y no resuelva el problema. Hay que evitar la utilización de la Ley Antiterrorista para encubrir represiones ilegítimas a personas inocentes que pueden tener graves problemas por el solo hecho de ser señaladas como terroristas.

Es necesario volver a insistir que en el combate contra las bandas criminales  la prevención es la mejor arma, pues permite contar con mecanismos de alerta temprana. Hay que actuar con serenidad, con los pies en la tierra; las actividades delictivas de las pandillas deben reprimirse con severidad y audacia, no hay ninguna duda en eso; pero también con inteligencia, privilegiando las medidas preventivas, y con el cuidado de no violar los derechos universalmente reconocidos. Se debe desarrollar un buen trabajo de inteligencia de Estado y de investigación policial. No hay tiempo que perder.

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