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Editorial & Opinion

Parodia del periodista intruso

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional / Autor: Hugo E. Fonseca

viernes 1, septiembre 2017 - 12:00 am

El 15 de agosto de 2017, hubo un incidente curioso en la Sala de Prensa de la Fiscalía General de la República, cuando fue expulsado personal de comunicaciones del Ministerio de la Defensa Nacional por no haber sido invitado a una conferencia de prensa.

En vista de tal desaguisado, dicho Ministerio emitió un comunicado oficial, a escasas horas del suceso, en el cual, amparándose en el derecho de acceso a la información y en razón del trabajo periodístico, se quejó del agravio y enfatizó que se coartó el derecho fundamental a la libertad de información.

Ante el señalamiento de la violación de un derecho fundamental, es significativo revisar antecedentes jurisprudenciales, así: la Sala de lo Constitucional, en el proceso de amparo de referencia AMP 614-2010 de fecha 01/02/2013, expuso lo siguiente: “2. A. La libertad de información asegura la publicación o divulgación, con respeto objetivo a la verdad, de hechos de relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su vida, de manera que, en cuanto miembros de la colectividad, puedan tomar decisiones libres, debidamente informados. La referida libertad se manifiesta en dos derechos: i) el de comunicar libremente la información veraz por cualquier medio de difusión; y ii) el de recibir o acceder a dicha información en igualdad de condiciones. En la Constitución, la libertad de información se encuentra adscrita a la disposición constitucional que estatuye la libertad de expresión —art. 6 inc. 1°—”.

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En el Diario oficial No. 22, Tomo 414, página 74, de fecha 01/02/17, que contiene el Presupuesto General de la Nación, se relacionan las políticas y objetivos del Ministerio de la Defensa Nacional, sin incluir alguna responsabilidad de divulgación de hechos de relevancia pública, entendiéndose naturalmente que no excluye información propia de su mandato; es más, en ninguna de las 22 competencias establecidas al Ministerio mencionado, en el Art. 39 del Reglamento Interior del Órgano Ejecutivo, se establecen funciones periodísticas, lo que no obsta a que su dirección de comunicaciones difunda cotidianamente sus quehaceres, como lo acostumbra.

Esto nos lleva a buscar los alcances del significado de la palabra prensa. El Diccionario de la Real Academia Española la define como conjunto o generalidad de las publicaciones periódicas y especialmente las diarias; y asimismo: conjunto de personas dedicadas al periodismo. Por ende hay que indagar qué es periodismo, que el mismo diccionario define: captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información, en cualquiera de sus formas y variedades.


De lo anterior se puede colegir que el Ministerio de la Defensa Nacional, no es un ente autorizado per se para realizar actividades periodísticas, pues no se le atribuye expresamente o de manera genérica. Sin embargo, la oficina denominada “Dirección de Comunicaciones y Protocolo”, que calza el comunicado, es la división encargada de dar a conocer las actividades normales de la Fuerza Armada y, además, de la aplicación de las reglas del protocolo establecido en la Ordenanza del Ejército.

Posteriormente, el Ministerio de la Defensa Nacional denunció ante el Tribunal de Ética Gubernamental y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al Jefe de Prensa de la Fiscalía General de la República, autor de la expulsión de sus personeros, sin duda una descortesía, y posiblemente un mensaje a desentrañar.

La denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental tiene dos posibles cursos: el primero, que genere un efecto de retorno, consistente en que el Tribunal investigue si en casos como éste se utilizan indebidamente recursos del Ministerio; y segundo, una suerte de vinculación por carambola, pues el Ministerio de la Defensa Nacional ya no podrá negar a periodistas intrusos el derecho de estar presentes en sus ruedas de prensa, aunque es el anfitrión quien selecciona los invitados y las reglas del evento; por tanto, un intruso no siempre es bienvenido.

Tal vez el Ministerio no consideró que el Art. 86 Cn. inc. último fija que los funcionarios sólo tienen las facultades que dispone la ley e ignoró la estrategia de Sun Tzu: “Nunca se debe atacar por cólera y con prisas”.




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