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Con gran asombro hemos sido testigos en los últimos días, como un puñado de mafiosos y facinerosos pandilleros han emprendido con meridiano éxito, una campaña de amenazas y miedo que ha derivado en un paro del transporte público, con las lógicas consecuencias que esto ha tenido, tanto para la economía de la población, para la productividad del país y para la psicología social en general. A mí no me cabe duda que hay una clara intencionalidad detrás de esta acción: Por un lado, intentar “presionar” al gobierno para “negociar” (principal y primariamente beneficios carcelarios para los máximos líderes de las “maras” y secundariamente alguna participación en la vida política del país). Así, de una forma torcida y criminal, reclaman presencia y representatividad en el campo político, a partir de su presencia y dominio territorial. Sólo desde una posición de fuerza (aunque criminal) se puede demandar “negociar”, así de simple.

El atributo fundamental del Estado es el poder político (pues el Estado mismo es el poder políticamente organizado), el cual eventualmente implica la capacidad del ejercicio del uso de la fuerza o coacción para imponerse frente a cualquier evento o contingencia social que amenace o desafíe el poder del Estado. Pero esta posibilidad de coacción no sólo debe ser formal, teórica, sino real, pues cuando materialmente el Estado es incapaz de ejercerla, en ese momento el Estado deja abierta la posibilidad para que cualquier grupo al margen de la Ley lo haga, e imponga “de facto” su propia coacción, la cual, desde el punto de vista político, es ilegítima, pero en el plano de la realidad social, constriñe, presiona y obliga a aquellos habitantes de esos territorios a “obedecer”, esto es a someterse a los designios y directrices de dichos grupos criminales. Así, tales grupos, en términos reales, se convierten en el “poder” territorial que somete la conducta de sus habitantes, tal cual fueran un poder legal y formal, y sin dudas llegan a establecerse paralelismos con ciertos atributos del Estado relacionados con la imposición, como es la facultad recaudatoria o tributaria, cuando se utilizan deformaciones jurídicas como la imposición de la mal llamada “renta”, que no es más que el producto de un delito que se llama extorsión.

Que suceda eso en amplios territorios del país y que el Estado no tenga, ni haya tenido hasta ahora capacidad para contrarrestarlo, es ya de por sí grave. Pero que tales estructuras se atrevan e intenten “extorsionar” al Estado, a través de paros al transporte, amenazas a los empresarios de buses y el asesinato de motoristas de unidades que ignoren dichas amenazas, con el manifiesto propósito de obligar al gobierno a “negociar” con ellos, es ya un escalamiento del “poder” de tales estructuras que simplemente espanta. Y no sólo espanta en términos de la incertidumbre que causa dicho atrevimiento, sino que espanta, porque si tal intento da como resultado que el gobierno efectivamente se siente a “negociar” con tales estructuras, entonces será total y absolutamente cierto que el poder coaccionatorio del Estado para imponerse frente a cualquier estructura criminal, ha fallado, y por tanto estará mucho más cerca de ser un verdadero Estado fallido.

El gobierno debe ser muy, pero muy cuidadoso con esto, y darse cuenta que detrás de esta nueva “estrategia” de las pandillas, existe un cálculo más o menos político, perverso y torcido por cierto, pero más o menos político, cual es obligar al gobierno a “negociar” con ellos lo que yo llamo “beneficios criminales”.

La oposición política, particularmente ARENA, debe de saber que el hecho de querer sacar “raja” política de esta coyuntura de crisis social, le puede salir muy, pero muy cara. Y déjenme decirles algo: Ustedes saben que sus “financistas”, los que verdaderamente mandan en ARENA, el verdadero ARENA, S.A. de C.V., tiene mayormente su capital afuera, regionalizado, transnacionalizado, y en poco o casi nada le puede afectar en sus intereses económicos que este país se “incendie” y se “hunda hasta el fondo del abismo”, si con ello puede lograr su objetivo fundamental de lograr prevalecer políticamente sobre sus adversarios. Eso no se vale, ni es aceptable. La única solución posible a esta grave crisis de violencia es la ABSOLUTA UNIDAD nacional a un problema que, de no resolverse por esta vía, tendrá que sucumbir a la pax criminalis.

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