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El Gobierno peruano extendió el estado de emergencia a seis comunidades amazónicas, además de las 16 decretadas previamente, afectadas por el derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano en febrero pasado, según un decreto supremo
publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

La norma precisó que el derrame del 3 de febrero afectó la quebrada de Cashacaño y el río Morona, así como el suelo natural de
la zona adyacente, en el distrito de Morona, región Loreto, y por tanto ha causado daños en la salud de la población y sus medios de vida (la pesca y la agricultura).

Alrededor de 743 personas de las comunidades nativas de Mayuriaga, Copacabana, Antena Cuatro, Santa Rosa del Marañón, San
Francisco y Nuevo San Martín, en el distrito de Morona, serán atendidas por el Gobierno central bajo la nueva declaratoria de
emergencia, que se extenderá por 60 días.

Un informe de Defensa Civil, citado en la resolución, indicó que las acciones de respuesta ejecutadas por el gobierno regional de Loreto, las municipalidades comprometidas y la empresa PetroPerú, que administra el oleoducto, resultan insuficientes, razón por la cual se necesita la intervención del Gobierno central.

La comunidad de Mayuriaga firmó esta semana un acuerdo con los titulares de PetroPerú y Defensa Civil para mejorar sus condiciones de vida, después de tomar un helicóptero y retener a su tripulación como medida de protesta para ser declarados en emergencia.

PetroPerú informó que el acuerdo incluye facilitar y gestionar las acciones necesarias para la electrificación de esa localidad, cobertura telefónica y construcción de un local comunal multifuncional.

Asimismo, la asesoría para la implementación de negocios locales, entre otras acciones.

La reunión de trabajo entre el presidente de Directorio de PetroPerú, Germán Velásquez; el jefe del Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), Alfredo Murgueytio, y los líderes nativos transcurrió en un contexto de comunicación asertiva y ambiente
distendido, agregó la empresa.

El decreto supremo emitido el 28 de febrero pasado declaró en emergencia a otras 16 comunidades del distrito de Morona, tras el
segundo derrame de petróleo a comienzos de año del oleoducto Norperuano, que han dejado al menos un centenar de heridos y 2.500
afectados en las regiones de Amazonas y Loreto.

Los 100 heridos por el derrame se concentran en el municipio de Imaza, situado en Amazonas, donde la rotura del oleoducto ocurrida el 25 de enero vertió entre 2.000 y 3.000 barriles de crudo, parte de los cuales contaminaron los ríos Inayo y Chiriaco, donde pescan las comunidades nativas de la zona.

Asimismo, unos 2.500 afectados están en el municipio de Morona, en la región Loreto, donde otra rotura del oleoducto ocurrida el 3 de febrero vertió una cantidad todavía indeterminada de crudo que también contaminó los ríos de esa zona, entre ellos el Mayuriaga y el Morona.

Entre los heridos por los derrames se encuentra un niño de 12 años que participó en las labores de recolección del petróleo
vertido y que declaró a un medio local que Petroperú le pagaba dos soles (0,57 dólares) por cada balde de hidrocarburo recogido.

La petrolera estatal fue sancionada con una multa por 12.640.000 soles (unos 3,59 millones de dólares), impuesta por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) por no mantener la integridad del oleoducto.

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