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Política

Piden a la Sala frenar deuda política y candidaturas 2018

Yolanda Magaña

miércoles 25, enero 2017 - 12:01 am

Mientras todos los partidos políticos han asegurado que sí han entregado la información completa del origen y el destino de los fondos que recibieron en 2014 y 2015, el abogado Eduardo Escobar insiste en que la información está incompleta.

Así lo reportó ayer, en un escrito de siete páginas, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que suspendió en septiembre de 2016  la deuda política como medida cautelar a los partidos que no informen de sus financistas y el destino de sus fondos de manera completa.

El abogado pide que se tenga “por no cumplida” la sentencia del 22 de agosto de 2014 porque la Asamblea Legislativa no corrigió la Ley de Partidos Políticos, luego de que la Sala haya declarado inconstitucional un artículo que condicionaba la entrega de la información al aval de los financistas de los partidos.

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Escobar pidió a la Sala declarar que las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que debe verificar la información, y los partidos “GANA, FMLN, PDC, PCN y ARENA incumplen lo ordenado en la sentencia 43-2013”, que les ordenaba entregar “los listados completos de sus donantes, con detalle del tipo de donación, de las cuantías de cada una de éstas y el destino de dichos fondos”.

El abogado pretende que se mantenga la suspensión de la deuda política hasta que la Asamblea Legislativa reforme la Ley de Partidos Políticos, y hasta que el TSE y cinco partidos mencionados cumplan.


Para ello, pide plazos y medidas de ejecución de sentencia como prohibir la inscripción de candidaturas para las elecciones legislativas y municipales de 2018.

Cuestiona que sobre el origen de los fondos los partidos no han proporcionado la identidad de las personas, naturales o jurídicas que les donaron en 2014 y 2015, los tipos de aportes, las fechas y no han permitido acceso a documentos complementarios.

Sobre el destino de los fondos, señala que no han informado de fechas, identidad de empresas o personas con las que contrataron la prestación de servicios o adquisición de bienes, gasto partidario por circunscripciones, gastos en cada tipo de elección y falta de acceso a documentos que ampare los gastos.




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