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Nacionales

Piden declarar responsable a Charlaix por $19 millones

Yessica Espinoza

viernes 22, diciembre 2017 - 12:03 am

Los magistrados Henry Edmundo Macall (izquierda) y Saúl Ernesto Morales (derecha) decidirán si existe o no enriquecimiento ilícito. / Archivo DEM

Un total de $19,058,197.45 es lo que la Fiscalía General de la República (FGR) pide que Élmer Roberto Charlaix Urquilla y su esposa,  María Arline de Charlaix, devuelvan al Estado si la Cámara Primero de lo Civil los declara responsables del delito de enriquecimiento ilícito.

El Ministerio Público argumentó ayer que, con los peritajes financieros contables y el informe de la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ),principalmente, logró comprobar que Charlaix y su esposa se enriquecieron ilícitamente al apropiarse de fondos públicos, mientras él ejerció el cargo de secretario privado de la gestión presidencial de Elías Antonio Saca (2004-2009).

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Según Fiscalía, el exfuncionario se enriqueció ilícitamente por un monto total de $18,775,928.38, mientras que a su esposa le señala un incremento patrimonial no justificado de $282,264.07.

Por ello, pidió a los magistrados de la Cámara declarar responsables de enriquecimiento ilícito a los demandados, obligarlos a devolver el dinero al Estado e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por un periodo de diez años.


La defensa de los imputados alegó que a su defendido le están haciendo un doble juzgamiento porque en el proceso penal, donde es acusado de lavado de dinero junto a Saca, la FGR pide responsabilidad civil; es decir, que de ser condenado en ambos procesos las dos acciones civiles caerían sobre el mismo objeto.

Asimismo, la defensa aseguró, con base en el artículo 11 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que el plazo para presentar la demanda venció en el 2016. “La Fiscalía podía presentar la demanda hasta 2016 porque el manejo de los fondos fue como delegado, no como secretario privado de la Presidencia”, sostuvo el abogado defensor, David Hellebuyck. Su función como delegado finalizó en el 2006, según dijo.

El fiscal Héctor Martínez calificó de “frágil” y “errada” la interpretación que los defensores hacen del artículo 11 de la ley, porque el plazo de los diez años comienza a contar cuando el demandado finaliza su cargo como funcionario, independientemente de los cargos que haya tenido en el período presidencial. “Esos diez años se cuentan a partir del momento en que el funcionario termina el ejercicio del cargo. La multiplicidad de funciones que él pudiera tener como secretario privado en nada incide”, aclaró.

La resolución de la demanda se conocerá el 4 de enero del 2018, a las 2:00 p.m. Ahí, los dos magistrados de la Cámara Primera de lo Civil d ela Sección del Centro determinarán si los demandados se enriquecieron o no con fondos del Estado.




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