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Editorial & Opinion

Poca cobertura reciben toxicomanías y salud mental

Dr. Carlos A. Escalante / Médico psiquiatra

miércoles 17, enero 2018 - 12:00 am

Esa responsabilidad le corresponde al Estado y debe asumirla él, y nadie más que él. Los apoyos de organismos asesores y aquellos de países amigos y solidarios serán bienvenidos.

El Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), funcionando de manera paralela al Ministerio de Salud, conviene sufra modificaciones. ¿Por qué?

Las estadísticas que proporciona la Organización Mundial de la Salud en salud mental, toxicomanías y violencia en todas sus manifestaciones, son alarmantes, poco similares a la de otros países centroamericanos, agregan informaciones que ellos mismos publican sobre los patrones de cómo los salvadoreños ingieren bebidas alcohólicas y otras sustancias prohibidas: “consumo excesivo y nocivo para la salud”.

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Por otra parte, a nivel de país, se ven claramente los efectos de ese patrón de consumo manifestado a través de los daños orgánicos y psicológicos y en los accidentes de autos con las consiguientes afectaciones físicas y muertes, que son igualmente impactantes. Luego, la violencia que se genera en el uso abusivo del alcohol en sus distintas presentaciones produce una alta incidencia de perturbaciones a nivel de la familia, alterando esa “unidad” provocando estrés severo a la familia completa y hasta maltrato, y que al final termina en separación y divorcio, quedando los hijos a veces en situación de abandono y con el trauma de la experiencia de haber vivido en un ambiente de gran violencia.

En los últimos años, y particularmente en el quinquenio anterior, la Reforma de Salud promovida por la ex ministra de Salud, Dra. María Isabel Rodrígueza y con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud, se organizó la puesta en marcha a través de 25 Estrategias; correspondió a la “salud mental” la estrategia 14, implementada ésta a través de la estructura ministerial de la Unidad de Salud Mental, cuyas atribuciones han sido atender lo relativo a Toxicomanías, Violencia y Salud Mental. Me abstengo de citar la palabra “enfermedad”, porque la salud mental no es siempre sinónimo de problemas, pero sí debemos de considerarla como un componente de la salud integral que debe atenderse simultáneamente de la salud física, pues son inseparables. Además, ese componente está inmerso desde que el individuo nace, por lo tanto es responsabilidad del Ministerio de Salud y de Educación proporcionar atenciones en esa orientación en todos los ciclos de vida, en aras de que ese componente sea armónico con lo físico y lo social.


En la Política Nacional de Salud Mental, oficializada en el quinquenio pasado y aún vigente, está claramente definido todo lo que se debe hacer en el Sector Salud y las alianzas en otros ministerios, como Educación, Defensa, Justicia y Seguridad Pública; por cierto, en el seno de la Comisión Nacional Antidrogas de este último ministerio, en el 2013 se aprobó por unanimidad el “Plan Estratégico para la Prevención y Atención de las Personas con Problemas de Consumo de Sustancias Psicoactivas”, y quedó solamente pendiente conseguir el financiamiento, etc. Y si los fondos con los que ha venido  funcionando FOSALUD provienen de impuestos del alcohol, armas y tabaco, lo justo es que ese dinero se emplee en beneficio de las personas que sufren esas toxicomanías, y además de la violencia y homicidios como la expresión de un grave problema psicosocial.

Respalda  a la Política Nacional de Salud Mental la recién aprobada Ley de Salud Mental. Igualmente, las leyes en relación a la niñez y adolescencia, pues exigen crear nuevas estructuras para atender debidamente a estos grupos etarios, casi olvidados, para quienes la salud mental es clave como preparación para la vida de adulto.

Exhorto a las Autoridades al más alto nivel para considerar estas argumentaciones técnicas, las cuales se respaldan en mi lucha de 47 años como psiquiatra por desarrollar en el país servicios dignos en este campo, de los cuales 8 años, en dos épocas distintas laboré en el MINSAL como Jefe del Programa Nacional de Salud Mental, con apoyo político y técnico  pero “sin” el debido financiamiento de lo programado.




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