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OPINION

Los presupuestos son parte de la administración de las finanzas de familias, profesionales, empresas, organizaciones o países. Una persona puede hacer un presupuesto donde calcule la cantidad de dinero que empleará durante el siguiente mes para gastos personales, con el fin de no extralimitarse. Las empresas, por su lado, elaboran un presupuesto financiero donde incluyen ingresos, egresos, flujo neto, todo ello con el objetivo de evaluar su estado económico.

El Estado, por su parte, debe presentar a sus ciudadanos, anualmente y de la manera más transparente posible, el presupuesto asignado para el gasto público del siguiente ejercicio fiscal. Entendido de esa manera, no puede ser que entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo se pongan de acuerdo para cumplir con la Constitución, y contrarreloj tengan elaborado, analizado y aprobado, el Presupuesto General de la Nación.

Independientemente de la finalidad del presupuesto, ya sea para recortar o controlar gastos, evaluar el estado económico o conocer cómo son administrados los recursos económicos de una nación, su importancia radica en que permite establecer proyecciones, programas y planes de acción para manejar el dinero de la manera más eficiente posible. Si es necesario empezando desde cero, es decir, sin tomar en consideración periodos o presupuestos anteriores, como procedimiento orientado a presentar, de manera razonada y transparente, todos los requerimientos presupuestarios. Su finalidad es evitar vicios, corrupción o malos manejos de los fondos, así como reducir gastos innecesarios, equilibrar ingresos públicos y gasto público en el año fiscal.

La aprobación de los presupuestos constituye una de las atribuciones básicas de la Asamblea Legislativa, mediante la correspondiente Ley de Presupuestos. Esta ley incluye la relación de gastos que puede ejercer el Estado y los ingresos que éste debe alcanzar en el próximo 2017. Se entienden por gastos al conjunto de erogaciones que realiza el Estado para cumplir con sus fines, es decir, satisfacer las necesidades de la sociedad. Por el contrario, los recursos son el grupo de ingresos que tiene el Estado para la atención de las erogaciones determinadas por las exigencias administrativas o de índole económico-social. Para obtener estos recursos, el Estado establece leyes tributarias conforme a la Constitución del país.

A los salvadoreños nos preocupa que el Estado aumente la burocracia estatal y oriente los escasos recursos, a financiar programas que no cumplen el objetivo de mejor educación, salud, seguridad, y más provisión de infraestructura básica. Por el contrario, la prestación de todos estos servicios se ha deteriorado, y con ello, han aumentado las familias en pobreza. Una vez más, se comprueba que “Por gastar más, no habrá un mejor Estado”.

Es tiempo de que los proyectos de presupuesto reflejen la voluntad política de ofrecer condiciones para que los salvadoreños, con su propio esfuerzo y trabajo, salgan de la pobreza y se superen sin necesidad de subvenciones que los obligan a depender del Gobierno; subvenciones que han sido creadas con claros intereses electorales y no para la efectiva superación de los problemas de la población.

La única manera de que el país cambie de rumbo pasa por impulsar políticas públicas que estimulen el crecimiento económico, para generar empleos dignos, y que mejoren la calidad de los servicios públicos. El país necesita el buen uso de los recursos y que se cuente con un Estado eficiente.

Recordemos que, el Presupuesto de la Nación, es el compromiso que nos hace el Gobierno de El Salvador, sobre los fines a los que se asignará el dinero proveniente de nuestros recursos, de los impuestos que pagamos todos los días y de la deuda que se genera a nuestro nombre; es hora de cambiar el rumbo en el que nos llevan, como lo dice toda la población a viva voz, misma que se traslada a diferentes encuestas nacionales.

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