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OPINION

La dorada época de “la compostura”, de “convertirse en rico por medio del  poder”, de hacer mil negocios turbios en forma impune, poco a poco  va encontrando mayores dificultades para realizarse en América Latina, gracias a un inusitado despertar cívico de los pueblos, así como a una mayor actividad de la administración de justicia en procesar a quienes, hace unas décadas atrás, eran considerados “seres intocables” como políticos de alto nivel, militares en servicio, jueces, empresarios y personas de capital enorme.

En nuestra región, correspondió a Guatemala, haber comenzado este despertar de justicia fiscal con la formación de su CICIG, auspiciada por las Naciones Unidas y ampliamente apoyada por el pueblo guatemalteco, que logró no solo el derrumbe del gobierno corrupto del general Otto Molina y su vicepresidenta Laura Baldetti, sino su posterior enjuiciamiento “por cooptación del Estado” y defraudar a la sociedad  con sumas multimillonarias de dólares a través de una red delictiva denominada “La Línea”.

Recientemente la actual embajadora de los Estados Unidos de América en nuestro país, señora Jane Manes, como antes el señor embajador de Alemania, Heinrich Haupt (próximo a retirarse), en diversas actividades se han referido al problema de la corrupción campante y arrogante que se advierte en diversos rubros de la actividad pública, que parece haberse acrecentado en los últimos ocho años, provocando preocupación en diversos organismos nacionales e internacionales, sin vislumbrarse una efectiva y decidida acción de entidades como la Corte de Cuentas de la República y el Ministerio de Hacienda, por procesar a funcionarios y particulares presuntamente comprometidos en el mal manejo de los fondos  del Erario nacional o en licitaciones fraudulentas, gastos sin control alguno y probables enriquecimientos ilícitos con los dineros de los contribuyentes.

A este coro diplomático, franco y honesto, se unió recientemente la voz experimentada de doña Laura Chinchilla, exmandataria de Costa Rica.

Pero también la corrupción campante y arrogante abarca otros rubros, muchos de ellos sutiles, difíciles de detectarse a simple vista, como el tráfico de drogas, de armas y de personas. A ellos sumemos las empresas “off shores”, cuyas escrituras de constitución son otorgadas ante algunos despachos notariales corruptos e inscritas “legalmente” en países reconocidos como “paraísos fiscales”, que favorecen el lavado de dinero y otras formas truculentas de evadir impuestos al Fisco.

Actualmente se le sigue la pista al expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena por delitos relacionados precisamente con la corrupción, en los que no se excluye el lavado de activos, enriquecimiento ilícito, gastos exagerados en viajes, adquisición de costosos bienes muebles e inmuebles, millonarias cuentas bancarias, autos de lujo, etc. Todo un largo rosario de actos reprochables, atribuibles al ex jefe de Estado y sus cómplices, perfectamente perseguibles en los tribunales de la República.

Lo indignante ha sido que cuando los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), acompañados por elementos de la corporación policial, se hicieron presentes para allanar con autorización judicial los inmuebles ocupados por Funes y señoras a él relacionadas afectivamente, ya el presunto imputado se había largado fuera de las fronteras patrias, “para efectuar una consultoría en Managua, Nicaragua”, según información proporcionada por el señor Hato Hasbún, funcionario del actual gobierno. O sea, que hubo una evidente y previa “fuga de información” sobre lo que realizaría la FGR. Eso contribuye a fortalecer la opinión general de que la corrupción es un hecho real y contundente.

Sin embargo, aunque muchos personeros oficiales, como el vicepresidente Óscar Ortiz, se refieren continuamente a que se hacen esfuerzos por combatirla o evitarla, todo parece que son solo opiniones que vuelan perdidas en las frescas alas  eólicas que sentimos en este “verano lluvioso”.

Pero, debemos decirlo con franqueza, también hemos escuchado o leído, acres posturas de funcionarios del Ejecutivo y del Órgano Legislativo, que se muestran inconformes con que los embajadores antes mencionados  u otras entidades, se manifiesten en los medios a pedir un alto definitivo a la corrupción y su correspondiente proceso judicial a quienes resulten culpables. Llegan hasta decir que se intenta “dar un golpe de Estado”.

De allí que hacemos propia la interrogante de la embajadora Manes: ¿Por qué alguien no quiere combatir la corrupción?

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