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Economía

Presupuesto 2018 se aprobó con más plazas y fondos para ONG

Maryelos Cea

sábado 27, enero 2018 - 12:04 am

El Presupuesto General de la Nación de 2018 se aprobó con un aumento en las asignaciones de recursos a organizaciones no gubernamentales (ONG) y con más plazas estatales, revela un análisis de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), presentado ayer.

La aprobación del presupuesto de este año se realizó en un contexto jurídico diferente al de otros años, destacó ayer Rommel Rodríguez, de la Funde. En 2017, la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró ilegal el presupuesto de ese año y en su sentencia ordenó, entre otras medidas, suspender la creación de plazas y aumentar las remuneraciones, a excepción de educación, seguridad y salud.

La Sala también prohibió transferir fondos públicos a instituciones privadas vinculadas a partidos, funcionarios o sus parientes, salvo en casos justificados.

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Sin embargo, el presupuesto aprobado el 5 de enero muestra que las plazas y el gasto en remuneraciones siguen creciendo, así como las transferencias a ONG, señaló Carlos Pérez, asesor de la Funde.

 


Añadieron ONG a última hora

Las negociaciones a puerta cerrada que desarrollaron ARENA y FMLN en torno al presupuesto culminaron en la incorporación de 18 ONG que el Ministerio de Hacienda no contempló en el proyecto que presentó a la Asamblea Legislativa en septiembre del año pasado, indica el análisis de la Funde.

En el proyecto del Ejecutivo se solicitó un presupuesto de $20 millones para 54 entidades, un avance significativo frente a las 110 ONG que en 2017 recibieron recursos públicos. No obstante, el presupuesto, que se aprobó con 71 votos a favor, añadió a 18 entidades y con ello las transferencias aumentaron a $23.1 millones, $3 millones más de lo que solicitó el Ejecutivo.

“Sobre todo en el caso de la asignación para ONG, hay que levantar la hipótesis si no hubo una práctica de canje y clientelismo”, señaló Roberto Rubio, director ejecutivo de la Funde.

Rubio añadió que se desconocen los criterios que se utilizan para entregar fondos públicos a entidades privadas, pese a que la Sala y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenaron que rindieran cuentas.

 

Más plazas en el estado

Además de aumentar las asignaciones a instituciones privadas, la Funde detectó un aumento en el número de plazas estatales, otro de los rubros que la Sala ordenó frenar.

El presupuesto de 2018 contempla la creación de 707 puestos de trabajo en instituciones públicas, por lo que la planilla estatal aumentaría a 128,106 empleados, frente a los 127,399 registrados el año pasado, indica el análisis de la Funde.

El gasto en salarios ,en tanto, crecería a $1,267.4 millones, $27.2 millones más que los $1,240.2 millones de 2017.

El 21.1 % de las nuevas plazas estarán en el Órgano Legislativo, es decir, 149 nuevos puestos de trabajo, indicó el director ejecutivo de la Funde, un sector que no es “socialmente estratégico, ya sabemos todo lo que ahí ha venido pasando”, añadió.

En el Ministerio de Seguridad y Justicia y en el Órgano Judicial se registran los otros incrementos importantes en plazas: 248 y 213, respectivamente, mientras en la Fiscalía General de la República se crearían 92 puestos más.

En el caso de las autónomas, la planilla aumentará en 1,171 plazas, siendo la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) la que muestra el mayor incremento, con 1,087. En el pasado, la institución aseguró que el incremento se debe a la decisión de contratar a todo el personal del Puerto de Acajutla, en Sonsonate, que hasta ahora había trabajado en modalidades de subcontratación.

 

El juego político para aprobar un presupuesto

 

Rommel Rodríguez, analista de Funde, señaló ayer que si bien la elaboración del presupuesto es una tarea técnica (aunque en los últimos años el Ejecutivo ha propuesto planes de ingresos y gastos con equilibrios artificiales), una vez el proyecto se entrega a la Asamblea Legislativa, “entra en una dinámica estrictamente política”.

Los actores políticos también contribuyen a la inestabilidad fiscal. Por un lado, el Ejecutivo no tiene alicientes para entregar un presupuesto real, porque Su aprobación necestaría de mayoría calificada y esto complica la negociación.

Por otro lado, una vez la oposición se percata de que su apoyo es clave para aprobar el proyecto, no cede sus votos hasta que sus demandas de gastos se incluyan en el presupuesto.




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