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Hacinamiento-penales

El hacimaniento en el sistema penitenciario de El Salvadoer obliga generar estrategias en busca de soluciones viables. / DEM

El  hacinamiento carcelario es uno de los principales problemas que aquejan a los sistemas penitenciarios a nivel de Latinoamérica. El Salvador no escapa a esta realidad, a la cual se unen la mala infraestructura, las violaciones de derechos humanos y el excesivo ocio carcelario. En1992, tras la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador albergaba en su sistema penitenciario a unos 4,000 reos. Cuatro años después la cifra se triplicó y alcanzó los 12,000 reclusos.

La falta de políticas públicas encaminadas a resolver la problemática generó que en el año 2000 la población penitenciaria continuara incrementando hasta contabilizarse casi 22,000 privados de libertad. Y llegamos a 2015 con casi 31,000 privados de libertad, con un hacinamiento que  ronda el 300 % según han reiterado en numerosas ocasiones  las autoridades penitenciarias.

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La Dirección General de Centros Penales (DGCP) retomó el pasado jueves los trabajos de construcción de la fase tres del penal de Izalco. La ampliación del centro permitirá albergar a unos 2,000 reclusos y supondrá una inversión de $8,000,000 obtenidos gracias a un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Pero el problema de hacinamiento no se debería exclusivamente a la falta de espacio en los centros penales, sino al uso excesivo de la detención provisional.

Guillermo Muñoz, miembro del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) considera que el abuso que hacen los jueces de la figura de la prisión preventiva, en lugar de las  medidas alternas a la detención provisional, es una de las causas que ha generado el hacinamiento.

“Los estudios han demostrado que las personas entran de uno a 30 días presos preventivamente y después salen (libres). A prisión deben de ir en última instancia las personas que están en proceso de juicio,  pero en América Latina ha pasado casi lo contrario, primero las mandamos (a la cárcel) y después vemos si son o no inocentes”, argumenta Muñoz.

Hasta el pasado lunes 24 de agosto, la DGCP reportó que en El Salvador hay 30,857 personas presas. De esta cantidad, 23,140,  es decir, el 75 % ya cumplen condena,  mientras que otros  7,717 que representan el 25 % todavía están en calidad de procesados.

Muñoz analiza que gran cantidad de detenciones provisionales ordenadas desde los juzgados no solo genera la sobresaturación, también que se incrementen los costos económicos que debe asumir el Estado por cada nuevo recluso.

Plantea que son los jueces y la Fiscalía General de la República quienes deben valorar si imponer o solicitan, respectivamente, las medidas alternas de la detención y de esta forma evitar que continúe sobresaturándose el sistema penitenciario.

“Son los jueces los responsables de tomar la decisión de decretar la detención. Por su parte, el Ministerio Público casi por definición va a atender a pedir prisión preventiva, es algo que debe considerase”, dijo Muñoz.

En el país, un reo beneficiado con medidas alternas a la detención sigue siendo procesado en libertad; pero, bajo ciertas restricciones que impone el juez, por ejemplo no salir del país ni cambiar de domicilio, no acercarse a las víctimas y presentarse periódicamente a firmar en el juzgado en que es procesado.

Sin embargo, ¿Las medidas alternas a la detención garantizan plenamente que un reo no huya del país y finalmente evada la justicia? Ante este caso, el experto en el tema carcelario recomienda que las medidas vayan acompañadas de otras estrategias de seguridad como la instalación de brazaletes electrónicos a los procesados, lo cual permitirá que sea monitoreado y no escape del proceso judicial.

“Se envía a prisión a muchas personas sin que sea necesario. Podrían enfrentar el juicio, si llega, estando afuera de la prisión. Incluso podría hacerse uso de brazaletes electrónicos, su uso es más barato que mandarlos a la prisión”, analizó el miembro del ILANUD.

El pasado 8 de enero fue aprobada en la Asamblea Legislativa la ley Ley Reguladora de Uso de Vigilancia Electrónica para el uso de brazaletes electrónicos en reos en fase de confianza. Sin embargo, a la fecha aún no ha sido aplicado este sistema para reducir el hacinamiento.

La aplicación de este sistema de control electrónico también es compartida por el juez Martín Rogel, quien a su vez dice que deberían otorgarse beneficios carcelarios, tal como lo establece la ley,  a personas con enfermedades terminales o estudiarse otorgar la libertad a adultos mayores recluidos.

El titular del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador también considera que parte del hacinamiento ha sido provocado por el alto índice de criminalidad que hay en el país. Antes este panorama propone una apuesta mayor al  trabajo de prevención del delito, esto sin menoscabo de la represión al delito.

“El sistema penitenciario tiene que tener un abordaje integral, hay que ver un tema más integral. La construcción de penales contribuye poco a resolver el problema, el sistema penitenciario no está funcionando porque no se está logrando la rehabilitación y reinserción de los internos”, sostuvo.

 

Medidas según delito

La problemática del hacinamiento carcelario también ha sido estudiada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal de esa fundación, Nelson Flores argumenta que la reducción del hacinamiento también podría disminuir si se hace un uso de la prisión preventiva en delitos menores como los hurtos, las amenazas, las agresiones y los robos. Mientras que en los casos de delitos graves como homicidios y extorsión las medidas alternas quedan sin efecto.

Del 100 % de la población reclusa el 30.45 % que corresponde a 10,497 internos, purgan prisión por el delito de homicidio. En segundo lugar está la extorsión, delito por el cual hay 5,809 personas detenidas, que equivale al 16.85 % de los internos.

En tercer lugar se posiciona el robo, un delito menos grave y por el cual hay 3,963 personas encarceladas, lo que equivale al 11.49% de toda la población reclusa.

 

90 % Hombres

El 90 % de  la población penitenciaria son hombres.

 

10 % Mujeres

De población reclusa son mujeres.

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