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Política

Procuradora de derechos humanos rechaza recorte a institución para salir de impago

EFE

Jueves 27, Abril 2017 - 12:16 pm

 

La procuradora Raquel Caballero rechazó hoy el recorte económico del 6 % a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) aprobado recientemente por el Congreso como medida para saldar un impago con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) desde abril.

El Congreso de El Salvador recortó, el pasado 21 de abril, en más de 56 millones de dólares, el Presupuesto General de 2017, lo que implica una reducción al presupuesto de la PDDH por un monto total de 575.646 dólares (6,09 %), entidad a la cual se había destinado un presupuesto de 9.441.564 dólares.

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Ante esta situación, Caballero expresó su “preocupación e inconformidad” con estas reducciones presupuestarias que, a su criterio, “representan un serio retroceso en cuanto a las garantías de autonomía e independencia que la Constitución de la República otorga a la PDDH”.

“Desde su creación, la PDDH ha desempeñado un rol preponderante, valiente e insustituible en la vida nacional, siendo uno de los principales garantes y fiscalizadores del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, por lo tanto, resulta incomprensible que hoy se intente debilitar a una institución que ha luchado arduamente”, manifestó la procuradora en un comunicado.


Además señaló que el recorte “va en detrimento y constituye un manifiesto incumplimiento de las recomendaciones que distintos organismos y mecanismos de las Naciones Unidas han venido realizando al Estado salvadoreño desde hace varios años, en el sentido de que se debe incrementar el presupuesto de la institución”.

La defensora de los derechos humanos agregó que “el Gobierno y la Asamblea Legislativa deben ratificar su voluntad de fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos en el país, garantizando la autonomía e independencia de esta Procuraduría”.

Además, pidió que se reviertan los recortes presupuestarios efectuados para el ejercicio fiscal 2017 y reiteró su solicitud de aumentar el presupuesto de la PDDH “para que sea acorde al mandato que le ha sido conferido, sobre todo en el actual contexto social que demanda mayor atención hacia las víctimas”.

El Gobierno salvadoreño se declaró en impago el 7 de abril pasado al no alcanzarse un acuerdo en el Congreso para autorizar una emisión de bonos, situación que le acarreó al país, y a la banca y a las empresas locales bajas en sus calificaciones de riesgo.

Como consecuencia inmediata del impago, las agencias Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings bajaron las calificaciones de riesgo soberanas, lo que desencadenó las bajas en las “clasificaciones” del estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Banco Agricola y Banco Davivienda.

También, Fitch colocó en “observación negativa” los bonos de titularización de activos de la empresa generadora de energía geotérmica LaGeo, administrada por el Estado, de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y del Fondo de Conservación Vial (Fovial).




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