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Frente al sonado fracaso de las licitaciones de la CEPA para concesionar el Puerto de la Unión, la última por falta de ofertantes,  trascendió por medios de prensa un interés de Honduras en hacerse cargo del proyecto salvadoreño, afectado por azolvamientos que requieren dragados constantes, cuya carga financiera debe resolverse.

Días después, el economista Alberto Arene, en un periódico matutino del 4 de junio de 2015, vistos los dos intentos fallidos y el transcurso de ocho años,  planteó su “Propuesta para la concesión exitosa de los puertos”, concebida en el marco de una estrategia de desarrollo económico, sustentada en un acuerdo hondureño-salvadoreño a nivel presidencial, para que Honduras “adopte” el puerto de la Unión Centroamericana como su terminal en el Pacífico y El Salvador utilice Puerto Cortés en el Atlántico, lo que transformaría  la agotada economía nacional.

En una segunda publicación, en el mismo matutino, el 11 de este mes, el citado analista reiteró su iniciativa de un acuerdo y alianza estratégica binacional, que comprendería: impulsar el corredor logístico interoceánico; dirimir la disputa sobre las aguas territoriales del Golfo de Fonseca; compartir las 200 millas marinas; impulsar con Nicaragua una zona económica especial; crear la Corporación del Golfo de Fonseca; y licitar un Plan Maestro. Se trataría, dice, de una solución de mutua conveniencia conforme a la sentencia de la Haya y al derecho internacional.

Esa propuesta, que somete a la discusión ciudadana, tiene sus bemoles. No sabemos si toma en cuenta un anunciado Plan Maestro para el Golfo convenido por los tres Gobiernos, que esperamos se difunda cuanto antes.

Calificamos de infortunada la propuesta de marras en lo concerniente a la fórmula sobre el Golfo de Fonseca y aguas exteriores, por desconocer en su extensión la normativa jurídica constitucional y afectar seriamente la soberanía e integridad territorial.

En efecto, hay un diferendo pendiente con Honduras, derivado de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1992, con barreras imperativas en la Constitución. El artículo 84 Cn. afirma que en dicho golfo hay aguas territoriales y en comunidad y que es una bahía histórica con caracteres de mar cerrado, cuyo régimen está determinado por el derecho internacional y por la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana del 9 de marzo de 1917, la que no se toma en consideración en la propuesta. Veamos, hay dos juicios y dos sentencias sobre el golfo de Fonseca que responden a diferentes concepciones  del Derecho del Mar y discrepan en aspectos fundamentales: la primera, de 1917, reconocida en la Constitución, pronunciada en disputa entre El Salvador y Nicaragua; y la segunda, de 1992, falló en el conflicto El Salvador-Honduras. Tenemos un virtual pandemónium por la pluralidad de fuentes contrapuestas. Ambos fallos tienen fuerza vinculante sólo para las respectivas partes, no obligan al tercero que las rechaza, y sus enfoques chocan: A) el fallo de 1917 comprende y distingue las áreas de aguas territoriales de cada país con anchura de hasta 3 millas marinas, de las correspondientes zonas de inspección adyacentes hasta las 12 millas marinas, bajo un régimen de jurisdicción en materias fiscal, migratoria, aduanal y sanitaria. B) la sentencia de 1992 resolvió que en las 3 millas marinas litorales existía una zona de soberanía exclusiva de cada país y que en la zona adyacente, hasta las 12 millas marinas, habría soberanía conjunta. Ya no zonas contiguas o de inspección.

Sobre estos fallos incongruentes no hay acuerdo que se vislumbre. En la perspectiva de 1917, en la boca del Golfo se proyectan exclusivamente aguas territoriales y zonas contiguas de El Salvador y Nicaragua, a partir de Punta Amapala y Punta Cosigüina, respectivamente. Es una realidad espacial derivada de la geografía por el hecho que los espacios marítimos se ligan necesariamente al territorio terrestre.

En fin, advertimos que sería de lesa patria la entrega a Honduras del control del Puerto de La Unión. Los derechos soberanos de El Salvador, aún en una hipotética entidad federada, deberán preservarse en el pacto de unidad. Son temas jurídicos especializados, complejos e insoslayables, que exigen análisis rigurosos. Simultáneamente El gobierno considera nuevos socios estratégicos y un rediseño de las bases de licitación. Cuidado en ello.

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