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Editorial & Opinion

Propuestas políticas irresponsables

Aldo F. Álvarez / Abogado y catedrático

Jueves 11, Mayo 2017 - 12:00 am

Hace algún tiempo escribí un artículo intitulado: “Adonde no hay Estado, la ‘mara’ manda”, en el cual hacía la reflexión sobre el control territorial que estos grupos criminales ejercen y la ausencia de Estado que permite tal control. Entre otras consideraciones, señalaba Yo en dicho artículo -y me cito-: “En este país amplias zonas de barrios ciudades, colonias, cantones y hasta caseríos rurales, de los departamentos y municipios con mayor densidad poblacional, los grupos pandilleriles o ‘maras’, ejercen un amplio y a veces hasta completo control territorial en forma más directa que el Estado mismo, esto es, no hay Estado…En estas zonas las pandillas controlan el tráfico de droga, armas e incluso hasta productos comerciales que ellos mismos venden con ‘exclusividad’ en tales territorios. En estos lugares la ‘mara’ manda, en ellos ocurren muchísimos hechos de violencia, pero la gran mayoría de ellos -por no decir casi todos-, incluso los más graves como violaciones, extorsiones y narcotráfico, no suelen ser resueltos por las autoridades, esto es, que no se encuentran y capturan a los culpables de los mismos ni se les aplica la Ley. Las autoridades se han vuelto incapaces de resolver tales crímenes, y por tanto tales zonas se han vuelto también bastiones de la impunidad. La única ‘justicia’ que existe es la retorcida ‘justicia’ de la ‘mara’, pues ahí no hay Estado”. Asimismo en dicho artículo señalé que: “Como no hay Estado en estos territorios –que cada vez son más amplios y dispersos- han podido crear ‘economías paralelas’, ‘sistemas tributarios paralelos’, ‘servicios de seguridad’ a los habitantes de estas zonas, redes de distribución comercial, y hasta el apoyo a sus propios ‘negocios comerciales’ por parte de dichos habitantes -por amor o por miedo-…Por ello es que estos grupos se atreven a desafiar el poder del Estado, pues como controlan amplias zonas del país, están bien armados, hablan su propio lenguaje, y como ellos son el poder territorial, la ‘mara’ manda”.

Por ello y muy a propósito del peligroso planteamiento que algunos políticos irresponsables han hecho sobre la posibilidad de armar a las comunidades para que formen grupos de “autodefensa” frente a la amenaza de las pandillas, y crearles para ello legislación especial. Digo planteamiento irresponsable –como el que populistamente hace el Presidente de la Asamblea Legislativa-, por cuanto se hace con lujo de falacias, como cuando se ufana de que ya existe el derecho a registrar armas legalmente y a uso de la legítima defensa, por lo cual no habría ninguna necesidad de crear legislación alguna, pero por otro lado se maneja la hipótesis y se juega con la figura de un tipo de organización comunitaria armada, para que se pueda ejercer más “expeditamente” la autodefensa –legítima defensa-, queriendo emular figuras similares que se han creado en los ámbitos rurales en México, especialmente en aquellas zonas controladas por el narco y grupos criminales “armados hasta los dientes”.

La realidad es que, como señalé en mi artículo anterior citado, lo que se ha dado es una paulatina “retirada” del Estado y por tanto del ejercicio del monopolio del uso de la fuerza por parte de éste, y está totalmente probado desde la teoría política que adonde hay ausencia de Estado, estos espacios son siempre ocupados por grupos criminales o similares, que tienden a ejercerlo en forma material e ilegal por supuesto.

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Entonces, a pesar que el problema es grave, que el Estado ha sido incapaz de ejercer el efectivo monopolio en el uso de la fuerza, nos preguntamos válidamente ¿Debe ser la solución a eso el impulsar con legislación o sin ella el hecho de estar queriendo crear agrupaciones que, independientemente los fines que persiga, le disputen el monopolio en el uso de la fuerza al Estado? Es que desde la teoría política tanto representan una amenaza para el ejercicio monopólico del uso de la fuerza por el Estado, tanto un grupo criminal como un grupo “anticriminal” -como sería un grupo de exterminio de delincuentes-, y en igual categoría se encontraría un grupo de “autodefensa” legalizado o no –aunque su propósito sea el de defenderse con violencia ante eventuales amenazas de grupos criminales-.

Pero por supuesto quienes se han puesto a proponer tales medidas, lo hacen de forma populista, haciéndose pasar por “paladines” de la defensa de las comunidades amenazadas por grupos criminales, pues consideran que eso les puede representar votos para las próximas elecciones, desconociendo la seriedad y la trascendencia político-social que tales medidas representan para la existencia y funcionamiento del Estado mismo.




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