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La oficina de probidad de la Corte Suprema de Justicia por fin está actuando de conformidad al espíritu de su razón de ser. Si bien es cierto que hasta la fecha no ha habido mayores resultados prácticos, se ha iniciado un proceso de investigación que apareja responsabilidades civiles y penales. No ha causado sorpresa que los primeros casos aparecidos a la luz pública sean de altos funcionarios del órgano legislativo, lo cual significa una gran probabilidad de que la legislación que deba aplicarse, o reformarse, se haga realidad, ya que humanamente  es explicable que los presuntos señalados traten de usar su puesto para impedir o estorbar las investigaciones que los casos ameriten, y mucho menos, que se apliquen las sanciones, (que no deberían ser en ningún caso simbólicas, como ocurre cuando se les sanciona con barrer calles, o dar clases en un servicio público colectivo).

La realidad es que para terminar con la cultura de la corrupción hay que sancionar con penas ejemplarizantes que de verdad motiven a presuntos infractores a desistir de sus intenciones de defraudar la confianza del pueblo con la apropiación indebida de bienes ajenos. Hasta este día, el solo hecho de darse a conocer cifras en los patrimonios de esos altos funcionarios, ha puesto a temblar a muchos que con justa razón se preguntan, como se cita en el evangelio: ¿Seré yo, Maestro?

Hace algunos años la sección de probidad de la Corte intentó echar a andar algunos procesos en los cuales las declaraciones de algunos funcionarios mostraban indicios de que algo no andaba bien. Sin embargo, la Corte Suprema de aquel entonces, en lugar de apoyar la iniciativa del jefe de la sección, optó por acallar la valiente gestión, y anular la iniciativa. Por ahora, la expectativa general es descifrar si el gobierno central dará su aval a la gestión de probidad, o si -como en otras ocasiones del pasado-, todo terminará en las gavetas mas profundas  del archivo general de la nación.

Ahora que se está entrevistando en  la  Asamblea Legislativa a los aspirantes a Fiscal, debería hacerse dos cosas urgentemente: La primera retirar de la comisión legislativa que interroga a  los pretendientes al cargo, a cualquier diputado que se haya mencionado con incremento sospechoso de su capital, en forma  poco transparente; y la segunda es que (como todo el mundo sabe que esas entrevistas son muy poco efectivas para decidir el resultado final sobre a quién escogerán, ya que el resultado se decide a otro nivel y bajo otros compromisos de tipo político, no de capacidad,) lo más efectivo es hacer presión a través de los medios de comunicación, a manera de que las cosas se hagan de frente a la población, bajo la amenaza de la vergüenza pública que acarrea el descubrir públicamente  los casos de corrupción.

Desde luego que es necesario respetar la presunción de inocencia del señalado, porque no se puede condenar a nadie a priori. Pero, si dándole la oportunidad de justificar el incremento de su patrimonio, no logra desvirtuar dicho incremento, debe aplicarse la ley sin contemplaciones. Por otro lado, el gobierno central muy bien podría desde ya, prescindir de los servicios de algún señalado, para mantener una política de credibilidad, y mantener una de prestigio, honradez, y honorabilidad, para el gobierno, a menos que se tenga una clara intención de proteger o disimular conductas incorrectas en los funcionarios. Recordemos que  la mujer del César no solo debe ser honesta, sino que también debe parecer honesta.

Por lo tanto es urgente y necesario investigar a fondo los casos que generen dudas, las sanciones -si lo amerita-, primero devolviendo lo mal habido y segundo conduciendo el funcionario réprobo  a un nuevo domicilio, donde lo reeduquen y lo transformen en ciudadano reintegrado a la sociedad, como castigo a su mal proceder. Si se permite lo que ha sucedido sin hacer nada, estaremos fomentando el fatídico vicio de la corrupción.

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