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Editorial & Opinion

¿Qué es el “derecho al olvido”?

Jaime Mauricio Campos Pérez / Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública

martes 28, marzo 2017 - 12:00 am

Recientemente, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) suprimir de sus bases de datos los antecedentes policiales que un ciudadano registraba por el delito de lesiones culposas y leves, a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en el año 2003, y del cual fue sobreseído definitivamente.

Con la finalidad de aplicar a un puesto de trabajo, el solicitante presentó una solvencia de la PNC en la que aún se hacía constar ese antecedente policial, pese al tiempo transcurrido, y ésta fue la razón por la que no fue aceptado para el empleo.

Ante la negativa de la PNC de modificar los datos personales del solicitante en sus bases de datos, el caso llegó al IAIP y éste, luego de examinar la controversia y la documentación presentada, resolvió que se eliminara el antecedente policial, por ser obsoleto y ya no ser necesario para la finalidad con que se recabó esa información.

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Una de las atribuciones más importantes del IAIP, aunque muy poco conocida, se refiere a la protección de los datos personales en posesión de las entidades públicas; es decir, a garantizar el debido tratamiento de la información personal que se encuentra en los archivos o ficheros de las instituciones del Estado.

La protección de los datos personales se ejerce a través de los llamados “derechos ARCO” (acceso, rectificación, cancelación y oposición); o sea, en la posibilidad que tiene toda persona de solicitar, directamente o por medio de su representante, en cualquier momento y en forma gratuita, a las instituciones públicas el acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de los datos personales que le conciernen.


El ejemplo antes descrito está relacionado con el derecho de “cancelación” de los datos personales, el cual puede ejercerse cuando la información personal contenida en los registros de instituciones públicas, como la PNC, sea inadecuada, innecesaria o irrelevante respecto a la finalidad para la cual fue recabada.

El “derecho ARCO” de cancelación de los datos personales, en lenguaje común es conocido como “derecho al olvido” y suele hacer referencia también al otro derecho de “oposición”; es decir, a impedir la difusión de información personal por diferentes medios, como la internet, cuando su publicación no cumple los requisitos de finalidad y proporcionalidad.

Dicho en palabras más sencillas, cuando la información de una persona no se encuentra debidamente actualizada en los registros que lleva una institución pública, por ejemplo, la PNC, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República o la Dirección General de Centros Penales, no solo existe el derecho de solicitar su cancelación por ser un dato obsoleto o caduco, sino también a impedir su divulgación, eliminándose por completo de sus registros o bases de datos.

El “derecho al olvido” está relacionado con la actualización de la calificación crediticia de las personas y con “borrar su pasado” de la internet, pues, en algunos países que cuentan con legislación adecuada, motores de búsqueda -como Google- están obligados a eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces que violan los derechos de las personas.

Desde luego, este “derecho al olvido” no es absoluto porque en ciertos casos, que deberán ser definidos por una ley especial, la entidad responsable no estará siempre obligada a cancelar los datos personales. El país requiere una Ley de Protección de Datos Personales, que incluya como responsables a entidades privadas; mientras tanto, es importante saber que los salvadoreños, como dueños de nuestra propia información, tenemos el derecho de exigir a las instituciones públicas el debido tratamiento de nuestros datos personales.




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