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OPINIONUn día triste es cuando aparece la noticia de que la pobreza ha crecido, porque significa que el Estado no ha logrado su cometido: mejorar el bienestar de la población. En el caso de El Salvador, los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) son contundentes, duros y escalofriantes: para 2015 había 2.6 millones de personas viviendo en pobreza, es decir, 244,064 personas más que en 2014.

No hay enfermedad social más grande que la pobreza. Y ni hablar de la que sufren los 648,148 compatriotas que viven en pobreza extrema; es decir, que no tienen los ingresos suficientes siquiera para comprar comida. Pero los datos también demuestran que este padecimiento afecta más a los grupos vulnerables. Como lo he dicho en otras ocasiones, el rostro de la pobreza en el país tiene rasgos de una niña del área rural.

El aumento de la pobreza puede ser explicado por algunos factores. Los precios de los alimentos sufrieron un incremento derivado de los efectos del cambio climático –algo que por cierto seguirá sucediendo–, asimismo el desempleo aumentó, así como el subempleo, es decir, hubo una precarización de las condiciones laborales; problemas estructurales y de larga data. Esto denota que el modelo económico del país no solo está exhausto, sino que además sigue siendo excluyente. Por cierto, aunque los niveles de desigualdad disminuyeron, siempre vale recordar que una de las falencias de las encuestas de hogares es que no logran captar la información del 0.001 % de la población más rica; es decir, si alguien sale en la lista Forbes seguramente no aparecerá en la EHPM.

Y uno esperaría que el tema central que se esté discutiendo entre el Gobierno y el partido ARENA sea sobre cómo hacer que el único instrumento de política económica que nos queda, la política fiscal, pueda servir para potenciar un desarrollo sustentable, que sirva para sacar a las personas de la pobreza.

Pero no, a la clase política le está quedando grande darle solución a los problemas que aquejan al país, pues da la sensación que no dimensionan las repercusiones de lo que están discutiendo. En sus manos está nada más y nada menos que el futuro del país, pero ellos siguen jugando a lo que les encanta: la polarización.

Cuando uno logra encontrar una propuesta en medio de la pila de ataques que se tienen, pareciera que lo que se viene para el país es un ajuste fiscal contractivo. Este tipo de ajustes se hace principalmente a través del recorte en el gasto público. No obstante, técnicamente estas medidas se adoptan en momentos en los que se persigue frenar el crecimiento de la demanda agregada, por ejemplo, en tiempos de bonanza económica. Pero El Salvador no está en bonanza, por lo que una reducción del gasto público sería un suicido económico.

Como se plantearía en una clase de introducción a la economía, una disminución del gasto implica abrir un ciclo de reducción del crecimiento económico, menos empleo, menos ingreso en los hogares y más pobreza e ingobernabilidad.

Esto no quiere decir que no haya problemas en el gasto público, hay muchos, pero no están en el cuánto, sino en el cómo y en el para qué. Por lo que debemos preocuparnos, entonces, es por evaluar su efectividad, transparencia y calidad; por eso es fundamental contar con presupuestos por resultados, donde se muestre a la ciudadanía qué metas se alcanzan con los recursos asignados. Asimismo, que el gasto público sea utilizado como un instrumento para la reducción de la pobreza y la desigualdad, donde se busca un sistema de protección social que garantice bienes y servicios públicos universales; es decir, un gasto público con una visión de desarrollo. El paso previo es alcanzar un acuerdo sobre el modelo de desarrollo del país que se quiere; sin embargo, todo esto requiere acuerdos políticos de nivel avanzado para una clase política que actualmente no logra ni superar el nivel principiante.

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