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Tiene toda la razón el señor Secretario de Comunicaciones de la Presidencia cuando en reciente artículo nos recuerda que el disenso es “propio de un Estado plural” y que los salvadoreños no debemos tenerle miedo. Eso en alusión a las nuevas tensiones que han surgido entre el Ejecutivo y el Legislativo contra la Sala de lo Constitucional, y a los epítetos que desde el poder político se han esgrimido contra cuatro magistrados de esa instancia en las últimas semanas.

Lo que no debe olvidarse, sin embargo, es que la calidad del disenso, como instrumento de la pluralidad democrática, puede verse seriamente afectada por el tono agresivo o por la debilidad argumentativa de quienes protagonizan el debate entre los distintos órganos de Estado. La racionalidad es una de las condiciones indispensables para que la libre discusión pública de las ideas, en cuanto herramienta constructiva, obtenga la carta de ciudadanía que el señor Secretario le concede sin más. Y es precisamente en este punto donde el déficit es mayor, sobre todo si nos atenemos a las declaraciones vertidas por algunos funcionarios de alto rango en estos días.

La legisladora Lorena Peña ha acusado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de intentar dar “golpes de Estado técnicos” contra otros órganos. Un diputado suplente del partido oficial, Dennis Córdova, expresó en redes sociales que “…hay una nueva lucha en el horizonte. En épocas pasadas fueron contra las dictaduras militares, ahora es contra la dictadura de los cuatro magistrados”.

Por su parte, la dirigente histórica Nidia Díaz ha llegado a afirmar lo siguiente: “Nosotros denunciamos al mundo que cuatro personas: Belarmino, Sidney, Florentín y Rodolfo, en nombre de la Sala de lo Constitucional, hacen y deshacen en este país como una especie de dictadura”. Y el mismísimo señor Presidente de la República, haciendo eco de estas vocinglerías, desde su alta investidura aseguró que cierto fallo de la Sala creaba un “vacío de poder” que podía derivar en inestabilidad y en el retraso de medidas necesarias para combatir la delincuencia en el país, prácticamente culpando a los magistrados incómodos de que su gobierno no pueda hacer frente a la violencia asfixiante que vivimos los salvadoreños.

Medardo González, por supuesto, acapara todos los “honores” en su recelo extremista contra los magistrados constitucionalistas. Basta copiar íntegro uno de sus “razonamientos” más expresivos para ilustrarlo: “Nos está naciendo un poder autoritario, en donde cuatro personas pueden hacer y deshacer lo que les parezca o lo que los poderes oligárquicos y fácticos les pidan”.

¿Alguien puede encontrar, en alguna de estas citas textuales, referencias ine-quívocas a los principios que desarrolla y defiende el jurista alemán Robert Alexy, autor a quien el Secretario de Comunicaciones alude con fortuna al final de su artículo? Porque vayamos más allá de los “oráculos” y veamos lo que en un ensayo nos precisa el profesor Alexy, hablando de los elementos principales de su filosofía del derecho: “La democracia deliberativa… presupone la posibilidad de racionalidad discursiva. Si la racionalidad discursiva fuera imposible, la democracia deliberativa sería una ilusión”.

Y la racionalidad es indispensable al disenso, en efecto, por cuanto también implica respeto a la representatividad política. Llamar “instrumento de intereses oligárquicos” a un magistrado constitucionalista es un exabrupto que lacera la dignidad propia de la representación, sea la encarnada por un diputado o sea la ejercida por la máxima autoridad del Ejecutivo. Aludir al disenso como instrumento de democracia pero sin antes admitir que ese disenso tiene límites trazados por la misma democracia (entre cuyos elementos indispensables, siguiendo a Robert Alexy, se encuentra la deliberación racional), es pecar de simplista. Mayor favor le hacemos a nuestro incipiente sistema democrático cuando exigimos a las autoridades, estén en el cargo que estén, que sepan defender sus puntos de vista con verdaderos argumentos.

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