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Editorial & Opinion

Radiografía de la delincuencia

Martes 7, Julio 2015 - 12:00 am

La delincuencia se considera una patología social, donde el quehacer tranquilo y productivo del conglomerado poblacional se encuentra alterado y expuesto a graves riesgos, la cual se manifiesta no solo con hechos sancionados por la ley penal, sino que además implica transgresiones al sistema de principios y valores éticos. Visto así, el fenómeno delincuencial, además de las conductas antijurídicas, tiene componentes de comportamiento violento e inmoral, que contribuyen a volverlo más problemático, tanto para el gobierno del Estado, como para la misma sociedad que sufre sus acciones perversas.

Se comenta por ahí que la escalada de violencia que padecemos actualmente tiene a la base una “tregua hipócrita”, acordada entre el primer gobierno izquierdista y dirigentes pandilleriles, o porque la Sala de lo Constitucional bloqueó una emisión de bonos por $900 millones. Una visión retrospectiva señala que ya en el cuatrienio 1974-1977, antes de estallar la guerra civil, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó que El Salvador “ocupaba la tasa de homicidios más alta registrada en América Latina, seguido por Nicaragua, Colombia, México, Bahamas y Puerto Rico”.

Basándose en el patrón estadístico de que más de ocho homicidios por cada cien mil habitantes, indica un problema de violencia endémico, en esos años (que hoy pueden parecernos lejanos) nuestro país registraba una tasa de 33 homicidios por cada cien mil habitantes. Por supuesto, nada comparable a la tasa de junio recién pasado cuando se cometieron 677 asesinatos, según el Instituto de Medicina Legal.

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En 2003, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informaba que los dos países más violentos del continente eran el nuestro y Colombia. Para entonces, registrábamos una tasa de 97 asesinatos por cada 100 mil habitantes y Colombia, de 78 por cien mil.

Siempre en retrospectiva, a mediados de los años 80 (cuando comienza el incremento homicida), surgieron en el país, especialmente en las ciudades, aquellas manifestaciones “inofensivas” de muchísimos jóvenes, que conformarían después las actuales pandillas, mismas que hoy nos tienen en vilo. Se les miraba bailar en las esquinas citadinas, mientras gritaban “Por mi mara y por mi barrio, hasta mi vida yo daría”, causando la risa burlona de los transeúntes y la despreocupación completa de las autoridades.

Para algunos sociólogos despistados, aquello era similar al movimiento “hippie” estadounidense, ante el conflicto vietnamita. ¡Cuán equivocados estuvimos todos! Muchos creíamos que esos “mareros” que “gritaban tonterías” eran adolescentes que protestaban por la guerra civil, recién iniciada entre la guerrilla y la Fuerza Armada. Después aparecieron los “reclutamientos de mareros”, utilizando “brincadas” violentas, en las cuales se involucraron jovencitos de ambos géneros y que hoy, posiblemente, sean los más despiadados y torvos criminales.

A ello contribuyó no solo la guerra, hablando en términos puros,  sino también otros aspectos socioeconómicos concomitantes, que jamás fueron atendidos debidamente, incluso desde mucho antes, como el desarraigo forzoso del campo a la ciudad; las concentraciones comunitarias de gentes, sin recursos ni oficios, para sobrevivir dignamente; colapso del sistema educativo y de salud en áreas conflictivas; secuela conductual de una cultura de violencia; niños y jóvenes traumatizados psicológicamente, con altos niveles de agresividad no tratada; neurosis por abandono social; éxodo de padres y madres que fracturó la unidad familiar; conocimiento, adiestramiento, disponibilidad y tenencia de armas por la juventud y, como alguaishte en atol chuco, el aparecimiento de la narcoactividad, que comprende introducción, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y consumo de todo tipo de drogas. Ese fue el panorama predisponente.




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