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Los Acuerdos de Paz dieron fin a una guerra entre hermanos que dejó –según datos generalmente aceptados- 70,000 víctimas fatales y otro tanto que no murieron, pero sí quedaron con lesiones físicas como morales. No hubo vencederos ni vencidos y, lo más importante, se produjo un cese de fuego que dichosamente no se ha roto aún, todo lo cual permitió regresar, tímida y gradualmente, a una “normalización” de las actividades permanentes de todo el país.

Sin embargo, más de 25 años después, la sombra del pasado, y los deseos de venganza de unos pocos, mantienen la amenaza de desatar actividades violentas nuevamente, con la excusa de “hacer justicia”, acogiéndose a una figura “legal” como lo es la trama del caso jesuitas. Para hacer un análisis del referido caso, debemos trasladarnos al momento en que el país se encontraba bajo lo que se dio en llamar “la ofensiva final” que consistía en un ataque violento, de parte de la subversión, en todo el territorio nacional, con la finalidad de tomar el poder por la fuerza de las armas, lo cual significaba un  estado de guerra total, en el que nadie estaba seguro, ni en su propia casa.

Afortunadamente para la población, las fuerzas de la subversión no lograron su objetivo, dado que no recibieron el apoyo masivo del pueblo, que era un elemento esencial para lograr el objetivo final. Como hemos sostenido siempre, si se hubiere obtenido el poder como lo hicieron los  hermanos Castro en Cuba, se hubieran  borrado  de nuestro mapa político, los principios democráticos de las naciones libres, tales como: las libertades, el derecho a elegir a sus gobernantes, y los partidos políticos, solo para mencionar algunos.

Ahora, y por la vía pacífica, tenemos en el gobierno a muchos de los -en aquel entonces- comandantes guerrilleros, cada uno con un pasado “glorioso o nefasto” según los ojos de quien lo mire. En ese ambiente de permanente tensión, alguien pensó que eliminando a la dirigencia contraria, se lograría una victoria militar, y de esa forma escogió, como objetivo militar, a los religiosos pensantes de la Compañía de Jesús.

La eliminación física de los sacerdotes, de alguna manera produjo el  efecto de terminar con la ofensiva, pero también causó indignación en la población, en la intelectualidad, y a nivel internacional, ya que las víctimas habían nacido en España, y aunque ya habían renunciado a esa nacionalidad y habían adquirido la nuestra, pertenecían a la poderosa Orden Jesuita.

La izquierda internacional aprovechó esa y otras circunstancias para mantener vivo el odio que genera el caso,  promueve una petición de “justicia” reclamando a 17 militares -todos en retiro- con la teoría de que lo sucedido fue planeado por todos ellos, y los califican de autores “intelectuales” del hecho. Y por ello, los reclaman 25 años después, abriendo las heridas de algo que ya debería haber sanado.

Los actores de la guerra comprendieron que para terminar con la misma, era indispensable borrar la memoria de lo sucedido, y pasar la página histórica, y procedieron  a proclamar una amnistía, esencial, para obtener la paz, y rescatar el país.

Creemos que jurídicamente la paz se ha conseguido, y El Salvador ha logrado superar ese capítulo, pero España, por medio del Juez Eloy Velasco, insiste en intervenir en nuestros asuntos internos, provocando una riesgosa crisis que nos puede llevar de nuevo al pasado. ¿Cómo se puede hablar de justicia si se pretende –después de pactarse el perdón y olvido para todos- juzgar nuevamente a una de las partes del conflicto y a la otra no? Muchos salvadoreños resentimos que España pretenda someter nuestra soberanía a la suya, irrespetándonos como nación independiente, sobre todo cuando se corre un riesgo de regresar a vivir hechos violentos. Jurídicamente creemos que la solicitud española está muerta en razón de que cuando ocurrieron los hechos, nuestra Constitución negaba la extradición de nacionales. Y la ley no es retroactiva. Pero políticamente ya es hora de respetar el deseo de paz de hermano con hermano.

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